Piden cambios urgentes en la Ley de Salud Mental por prejuicios y estigmas

La salud mental en Argentina atraviesa un colapso que ya no puede ser ignorado. La falta de recursos, la escasez de profesionales, los tiempos de espera interminables y la ausencia de políticas públicas efectivas han configurado un escenario crítico. A esta realidad estructural, agravada por la pandemia de COVID-19, se suma la creciente demanda de atención psicológica y psiquiátrica, lo que ha puesto en evidencia un sistema que no da abasto y que, en muchos casos, abandona a quienes más necesitan ayuda.

En este contexto, se presentó en el Congreso un proyecto para declarar la Emergencia en Salud Mental a nivel nacional. La iniciativa busca reconocer la gravedad de la situación y habilitar medidas excepcionales que permitan ampliar la cobertura de atención, garantizar recursos y flexibilizar las normativas vigentes para dar respuesta urgente. La propuesta también apunta a modificar aspectos de la Ley Nacional de Salud Mental, que, según sus críticos, ha demostrado limitaciones a la hora de dar respuestas efectivas a pacientes, familiares y profesionales.

Las cifras respaldan la urgencia. Más del 45% de la población argentina ha atravesado algún episodio vinculado a trastornos emocionales, como ansiedad, depresión o estrés postraumático. En paralelo, las tasas de suicidio, el consumo problemático de sustancias y los casos de violencia intrafamiliar han ido en aumento. Según el Ministerio de Salud, las consultas en servicios de salud mental crecieron más del 60% desde 2019. A pesar de esto, el gasto público destinado al área apenas representa el 0,2% del presupuesto general de salud, una proporción ínfima frente al tamaño del problema.

Profesionales de la salud mental advierten que el sistema está saturado. Una psiquiatra con dos décadas de experiencia explica que "muchos pacientes quedan en lista de espera por meses, lo que empeora su situación y los deja en riesgo". El testimonio de usuarios del sistema refleja la misma preocupación: Martín, un joven de Buenos Aires, relata que tardó más de seis meses en conseguir un turno con un psicólogo, mientras su estado se deterioraba. María José, madre de un adolescente con depresión, describe cómo su hijo casi no recibió ayuda a tiempo debido a la demora para acceder a una consulta. La falta de atención oportuna no solo compromete la recuperación, sino que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

Las consecuencias sociales y económicas de esta crisis son profundas. Organismos internacionales como la ONU y la OMS han advertido que los trastornos mentales no tratados pueden transformarse en una "bomba social", con efectos en el sistema judicial, la seguridad y la productividad económica. El costo estimado de la inacción se mide en vidas, sufrimiento y también en miles de millones de pesos perdidos por la falta de intervención temprana.

Declarar la emergencia permitiría implementar medidas urgentes, como la apertura de nuevos centros de atención, la contratación de profesionales, la ampliación de servicios públicos y privados y la agilización de respuestas administrativas. También permitiría revisar aspectos clave de la legislación vigente, que hoy limita, por ejemplo, el funcionamiento de instituciones especializadas de internación, muchas veces necesarias en casos agudos.

Pese al consenso técnico y social, el camino político no será sencillo. Las restricciones presupuestarias y la falta de prioridad en la agenda nacional han frenado históricamente las reformas en el área. Pero la magnitud del problema ya no permite postergaciones.

La salud mental no puede seguir relegada al último lugar del sistema sanitario. La situación actual exige decisiones firmes, basadas en evidencia y orientadas al bienestar colectivo. Declarar la emergencia en salud mental no es solo una cuestión técnica: es un acto político y ético que reconoce la dignidad de quienes padecen, y el derecho de todos los ciudadanos a ser escuchados, atendidos y protegidos.