24/06/2025
Los gobernadores de 21 provincias se reunieron con funcionarios nacionales, pero se retiraron sin obtener respuestas. Acusan al Gobierno de concentrar ilegalmente recursos y de no ejecutar fondos esenciales. Ante esta situación, impulsan una ley para distribuir de forma equitativa el dinero proveniente del impuesto a los combustibles.
Luego de una reunión sin resultados concretos con funcionarios del Gobierno nacional, los gobernadores de diversas provincias reforzaron su postura crítica hacia la administración de Javier Milei, al tiempo que comenzaron a coordinar acciones legislativas para exigir una distribución más equitativa de los recursos. El encuentro, realizado en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), dejó un clima de creciente tensión entre las provincias y la Casa Rosada, principalmente por el manejo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de los fondos recaudados a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).
Del lado oficial estuvieron presentes el secretario
de Hacienda, Carlos Guberman, y el secretario del Interior, Lisandro Catalán,
pero los gobernadores representantes de casi todas las provincias, excepto
Corrientes, Formosa y Santiago del Estero- se retiraron sin avances y con el
convencimiento de que el Ejecutivo "retiene fondos de manera discrecional".
Según fuentes presentes, la reunión fue "tensa" y marcada por la negativa del
Gobierno a ofrecer soluciones. Los mandatarios aseguraron que no reclamaban
recursos adicionales, sino una redistribución más justa de los fondos
existentes.
Tras el encuentro formal, los gobernadores
mantuvieron una reunión privada en la que acordaron impulsar un proyecto de ley
que ya circula en el Congreso. La propuesta apunta a eliminar los fondos
fiduciarios y distribuir los recursos del ICL y del remanente de los ATN
mediante los criterios de coparticipación establecidos por la ley 23.548. De
aprobarse, limitaría la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en el uso de estos
recursos.
Entre los firmantes del documento se encuentran Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Alfredo Cornejo (Mendoza), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ignacio Torres (Chubut) y otros. También suscribieron el texto vicegobernadores de Chaco, La Rioja y Santa Cruz, en representación de sus provincias.
Los mandatarios denunciaron que los fondos
fiduciarios destinados a infraestructura, transporte y rutas no están siendo
ejecutados, y que solo un tercio de lo presupuestado para Vialidad Nacional se
ha transferido en lo que va del año. A esto se suma la acusación de que los
ATN, que por ley deben utilizarse en situaciones extraordinarias, están siendo
retenidos por el Gobierno nacional.
El malestar provincial se agravó por las
declaraciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien afirmó que "los
gobernadores siempre quieren más plata" y que cualquier ley que comprometa las
metas fiscales será vetada por el presidente. Las palabras fueron interpretadas
como una señal de cierre al diálogo. "Lo que no quieren es transparentar el uso
de recursos que hoy se manejan de forma arbitraria", respondió uno de los
mandatarios presentes.
En paralelo, el Gobierno prepara el denominado
"Consejo de Mayo", una convocatoria prevista para el martes próximo en Casa
Rosada, con el objetivo de consolidar apoyo político para su plan de reformas
estructurales. Sin embargo, la relación con las provincias aparece cada vez más
erosionada. Gobernadores de distintas fuerzas aseguran haber implementado
severos recortes en sus jurisdicciones, pero sostienen que la Nación no
reconoce ese esfuerzo y concentra fondos en desmedro del federalismo.
"La concentración de poder fiscal es incompatible
con un país federal", señalaron desde una de las provincias patagónicas. En ese
sentido, subrayaron que la iniciativa legislativa busca impedir que la
distribución de fondos quede sujeta a decisiones discrecionales del Ejecutivo.
A pesar de las diferencias partidarias, la tensión con el Gobierno nacional ha
generado un frente común entre mandatarios provinciales que, según afirman, se
mantendrá hasta que se garantice una distribución equitativa y legal de los
recursos.
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