Control y estrategia: crean un Consejo para agentes infiltrados

El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó esta semana un nuevo esquema institucional destinado a fortalecer la formación y capacitación de los agentes encubiertos y los reveladores digitales. A través de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, se estableció tanto un protocolo de actuación para estas figuras como la creación de un Consejo Académico que tendrá a su cargo la elaboración de contenidos formativos y la supervisión de los cursos destinados al personal.

La resolución 828/2025 aprobó formalmente el protocolo que regula la actuación de estos agentes, que brindan asistencia clave a las fuerzas federales y al Poder Judicial en investigaciones vinculadas a delitos complejos. En paralelo, la resolución 829/2025 dispuso la conformación del Consejo Académico para la Formación y Capacitación de Agentes Encubiertos, que funcionará bajo la órbita de la Unidad Especial de Agentes Encubiertos.

Ambas medidas llevan la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien también designó como presidente del nuevo Consejo Académico al juez y profesor Ricardo Ángel Basílico, por un período de tres años. El organismo tendrá entre sus funciones principales proponer contenidos pedagógicos, seleccionar docentes, coordinar los cursos y promover instancias de actualización profesional, además de facilitar espacios de capacitación conjunta con jueces, fiscales y personal de las fuerzas.

La estructura dependerá directamente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, dentro del Gabinete de Asesores del Ministerio. En el marco del nuevo protocolo, el Ministerio instruyó a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y el Servicio Penitenciario Federal para que implementen y difundan las disposiciones en sus respectivas áreas operativas.

Los agentes encubiertos son miembros de fuerzas federales que actúan con identidades ficticias en el marco de investigaciones judiciales. La Ley 27.319 permite su utilización en casos de narcotráfico, corrupción, trata de personas, terrorismo, delitos informáticos y crimen organizado. Por su parte, los denominados "reveladores digitales" operan en entornos virtuales utilizando perfiles falsos para detectar delitos como grooming, distribución de material ilegal o estafas online.

El Gobierno destaca que ambas figuras representan herramientas legales que han permitido aportar pruebas decisivas en diversas causas penales, y remarca la necesidad de una formación rigurosa que garantice su eficacia y legalidad.

El Consejo Académico estará compuesto por autoridades del Ministerio, representantes de fuerzas de seguridad y cinco especialistas externos que serán designados por la ministra. Todos los integrantes cumplirán funciones ad honorem y deberán acreditar trayectorias profesionales y académicas que enriquezcan el proceso formativo. También se designará un Coordinador Ejecutivo, perteneciente a una de las fuerzas federales, con la responsabilidad de articular la implementación operativa de los cursos.

Según establece la resolución, el Consejo sesionará una vez por mes y, en caso de empate en las decisiones, el presidente tendrá voto doble. La normativa señala además la importancia de involucrar a funcionarios judiciales en la definición de criterios de actuación procesal, con el objetivo de garantizar un marco legal sólido y eficaz.

La designación de Ricardo Basílico se fundamenta en su trayectoria como juez y docente universitario en materias como derecho penal, criminología y derechos humanos. La resolución lo describe como un profesional con "óptimos antecedentes" para presidir el organismo, cuya creación se enmarca en las facultades que la Ley de Ministerios y la Ley de Seguridad Interior otorgan al Ministerio de Seguridad para organizar y conducir políticamente a las fuerzas federales.

Este nuevo esquema institucional apunta a consolidar un sistema de formación integral para agentes encubiertos, con el propósito de optimizar las herramientas del Estado en la prevención e investigación de delitos de alta complejidad.