Prioridad a las armas: recortes sociales en Francia bajo el gobierno de Macron

La presentación del presupuesto francés para 2026, realizada este martes por el primer ministro François Bayrou, desató una ola inmediata de reacciones políticas y sociales. Con el objetivo de reducir el déficit público al 4,6 % del PBI, el plan contempla un ajuste de 43.800 millones de euros y una serie de medidas que afectan transversalmente a trabajadores, jubilados, desempleados y pacientes del sistema de salud. "Cada segundo que pasa, la deuda aumenta en 5000 euros", advirtió Bayrou, en alusión a una deuda pública que ya alcanza el 113 % del PBI.

Entre las decisiones más sensibles se encuentran la reforma del seguro de desempleo, la eliminación de dos feriados nacionales, una menor cobertura de medicamentos, y el establecimiento de un "año blanco" en el cual no se actualizarán ni las prestaciones sociales ni la escala del impuesto en función de la inflación. Esta última medida, junto con el congelamiento del gasto estatal, implica un ajuste directo sobre el poder adquisitivo, tanto de asalariados como de beneficiarios de la seguridad social.

El gobierno también propone duplicar el tope anual de la franquicia médica, que pasará de 50 a 100 euros, e introducir modificaciones en el reembolso de tratamientos por afecciones de larga duración. Además, se contempla una revisión del sistema de licencias por enfermedad. Según la ministra de Salud, Catherine Vautrin, el crecimiento de estos subsidios resulta "vertiginoso".

La reforma alcanza también a los jubilados. Bayrou anunció que se reemplazará la deducción fiscal del 10 % por una tarifa anual de 2000 euros, medida que, según el ministro de Economía Eric Lombard, beneficiará a los pensionados con menores ingresos y aumentará levemente la carga para aquellos que superen los 20.000 euros anuales.

El paquete fiscal será completado con una revisión de los llamados "nichos fiscales", en especial los que benefician a sectores de mayores ingresos y a empresas. También se anunció una intensificación de la lucha contra el fraude fiscal y social, aunque los detalles aún no fueron precisados.

La propuesta recibió duras críticas desde todo el arco opositor. Marine Le Pen (Reunión Nacional) y Eric Coquerel (La Francia Insumisa) adelantaron su intención de promover una moción de censura si el texto no se modifica sustancialmente. Desde el Partido Socialista, Boris Vallaud calificó al plan como "brutal e inaceptable". Organizaciones sociales y de lucha contra la pobreza, por su parte, señalaron que el "año en blanco" representa una "catástrofe" para los hogares más vulnerables, en un país donde la pobreza alcanza al 8,4 % de la población.

En contraste, las medidas fueron bien recibidas por el sector empresarial. Representantes de cámaras patronales elogiaron la voluntad del gobierno de limitar el gasto público y destacaron el mensaje central del plan: "hay que trabajar más". El presidente del Medef, Patrick Martin, consideró que la hoja de ruta anunciada tiene "una carga simbólica muy fuerte" y responde a una "evidencia económica".