Universidades en emergencia: el presupuesto más bajo desde 2005

El sistema universitario argentino atraviesa una crisis sin precedentes que pone en riesgo el desarrollo del segundo cuatrimestre para más de 2,5 millones de estudiantes. Un nuevo informe elaborado por el grupo Economía, Política, Ciencia (EPC) del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti), en conjunto con la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), expone con datos concretos la magnitud del deterioro que afecta a las universidades nacionales, tras los recortes presupuestarios impulsados por el gobierno nacional.

Durante la presentación del documento, Daniel Filmus, director del Ciicti, advirtió que el informe intenta llenar un vacío de información sistemática sobre el impacto de las políticas actuales en el sistema universitario. Según el relevamiento, ninguna dimensión de la educación superior quedó al margen del ajuste. En comparación con noviembre de 2023, el presupuesto de la Secretaría de Educación se redujo un 47,6 %, mientras que el destinado específicamente a universidades cayó un 19,8 %. En paralelo, los salarios docentes perdieron un 29,3 % de su poder adquisitivo, y el recorte en la función "ciencia y tecnología" fue del 45,4 %, afectando directamente al trabajo de más del 80 % de los investigadores del país, que desarrollan sus tareas en el ámbito universitario.

"El presupuesto universitario cayó a su valor más bajo desde 2005 y hoy representa apenas el 0,5 % del PBI. Esto no es un ajuste, es una política de exterminio", sostuvo Filmus. La situación se refleja también en el debilitamiento de programas clave como las becas Manuel Belgrano, que hoy ofrecen una asignación mensual de 81.685 pesos, un monto considerado insuficiente para garantizar el acceso y la permanencia de estudiantes de sectores vulnerables.

Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa y actual director del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), señaló que muchas instituciones tienen serias dificultades incluso para cubrir gastos básicos de funcionamiento, mantener becas y continuar obras de infraestructura ya iniciadas. Según sus estimaciones, en el último año y medio se perdieron más de 12.000 cargos docentes, una cifra muy por encima de la media esperable, que afecta directamente la calidad educativa y la estabilidad institucional.

"El recorte ha obligado a tomar decisiones urgentes, como la cobertura improvisada de materias para garantizar la cursada. Pero reemplazar a un docente formado no es simplemente una cuestión administrativa: son años de experiencia y formación que se pierden", alertó el CIN en un comunicado. Además, mencionan que muchas carreras nuevas que exigen designación docente no tienen financiamiento asignado, y en algunos casos los fondos previstos dejaron de transferirse.

El informe indica que los salarios docentes e investigadores acumulan ocho meses consecutivos de caída real. Desde noviembre de 2023, perdieron aproximadamente un tercio de su valor, y solo en lo que va de 2025, la caída fue del 7,4 %. En la comparación de la última década, el poder adquisitivo de los salarios universitarios ya se ubica por debajo de los niveles de 2002.

El retroceso en la inversión educativa también es contundente: en 2024, la inversión nacional en educación cayó un 42,7 % y, en el caso específico de las universidades nacionales, la caída fue del 22,1 % en términos reales. Las proyecciones indican que el retroceso presupuestario continuará y podría sumar una nueva caída del 8,6 % en lo que resta del año.

Ante la falta de respuestas del Poder Ejecutivo, las expectativas del sistema universitario se centran ahora en el proyecto de ley de financiamiento universitario que volverá a tratarse en Diputados. La norma, que ya fue vetada por el presidente en 2024, contempla mecanismos de actualización mensual del presupuesto por inflación, recomposición salarial automática para docentes y no docentes, ampliación de becas, y la creación de un fondo anual de 10 mil millones de pesos (ajustables por IPC) para el desarrollo de carreras estratégicas como inteligencia artificial. Además, prevé un incremento gradual del presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5 % del PBI en 2031.

La comunidad universitaria espera que esta nueva oportunidad legislativa sea una vía concreta para frenar el deterioro del sistema y restituir condiciones mínimas para garantizar el derecho a la educación superior en Argentina.