El Gobierno avanza con la reestructuración de la Agencia I+D+I y genera rechazo en la comunidad científica

El financiamiento destinado a proyectos científicos se redujo en un 96%, mientras que los becarios perciben hoy apenas la mitad de lo que cobraban hace un año. Así lo denunció la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología, alertando sobre el impacto crítico de estas medidas en el sistema de investigación nacional.

La medida incrementó la preocupación en la comunidad científica.

El gobierno nacional modificó por decreto la estructura de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Agencia I+D+i), una decisión que generó una fuerte reacción en la comunidad científica. Publicado el viernes 4 de julio en el Boletín Oficial bajo el Decreto 447/2025, el cambio elimina el directorio conformado por representantes de distintas disciplinas y regiones del país, y lo reemplaza por solo dos directores designados por el Poder Ejecutivo.

La medida, adoptada en los últimos días de vigencia de las facultades delegadas por la Ley de Bases, fue interpretada como un nuevo paso en el proceso de debilitamiento del sistema de investigación nacional. Desde la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT) señalaron que el decreto "destruye la pluralidad y el carácter federal" de la Agencia y advirtieron que su finalidad es "vetar la incorporación de voces disonantes en la estructura directiva de un organismo vaciado".

La Agencia I+D+i, clave en la articulación de proyectos científicos y tecnológicos públicos y privados, había sufrido ya un recorte presupuestario del 91,6% desde que comenzó la gestión de Javier Milei, según datos del Grupo Economía Política Ciencia (EPC). Este espacio denunció que la nueva estructura instala un mecanismo de toma de decisiones altamente concentrado y sin representación democrática del sector científico.

"El Ejecutivo profundiza así un esquema de gestión discrecional, al margen de la comunidad académica y científica del país", agregaron desde EPC. La Agencia financia proyectos en todo el territorio nacional, transfiriendo fondos para gastos de funcionamiento y de infraestructura, por lo que su debilitamiento compromete seriamente la continuidad de numerosas líneas de investigación.

A la par de esta reforma, distintas organizaciones del ámbito científico manifestaron su preocupación por la posible modificación de la estructura del Directorio del CONICET, que podría seguir el mismo camino. En ese marco, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del CONICET Capital alertó que el sector atraviesa "una situación de emergencia" y advirtió sobre una inminente "expulsión masiva" de investigadores, becarios y trabajadores.

Entre las preocupaciones expresadas se encuentra también la nueva convocatoria a becas doctorales, que según ATE excluye en gran medida a las Ciencias Sociales y Humanidades. De las 1.000 becas anunciadas, 700 están orientadas a áreas priorizadas por el Gobierno, mientras que las restantes 300, aunque abiertas, tienen limitaciones temáticas y geográficas. "Estamos ante un esquema de vaciamiento con nombre y apellido, y los responsables no son solo Milei, sino también Guillermo Francos, Darío Genua, Natalia Avendaño y Daniel Salamone", señalaron.

Las organizaciones gremiales convocaron a una reunión nacional de coordinación entre los distintos sectores afectados para definir medidas frente al avance de lo que denominan "cientificidio". Según afirman, el modelo que impulsa el Gobierno busca direccionar los recursos públicos en función de intereses empresariales afines, desconectados de las necesidades estratégicas del país.

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