El debate por la eutanasia: entre la ética, la ley y la medicina

Una conversación entre legisladores frente a las puertas del Congreso, un pedido formal para abrir el debate en comisión, y el eco de una discusión ética, médica y jurídica que resuena cada vez con más fuerza: la eutanasia, un tema históricamente postergado, se prepara para ser discutido en el Parlamento argentino. Proyectos de ley presentados en ambas cámaras buscan regular, por primera vez, el derecho de las personas a poner fin a su vida en casos de enfermedades incurables, avanzadas y generadoras de sufrimiento irreversible.

En la Cámara de Diputados, dos iniciativas esperan su tratamiento. Una de ellas, conocida como la "Ley Alfonso", lleva la firma de legisladoras del Frente de Todos y toma su nombre en homenaje a Alfonso Oliva, un joven cordobés que luchó por el derecho a una muerte digna. La otra fue presentada por referentes de la Unión Cívica Radical, entre ellos Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y Alejandro Cacace.

En paralelo, el Senado también tiene propuestas similares, como el proyecto de "buena muerte", impulsado por Cornejo y la senadora Mariana Juri, y otra iniciativa que busca regular la "interrupción voluntaria de la vida", presentada en su momento por Julio Cobos y Pamela Verasay.

A pesar del impulso reciente, ninguno de los proyectos cuenta aún con dictamen de comisión. Sin embargo, a fines de junio, un grupo de diputadas solicitó formalmente que se inicie el debate en la Comisión de Salud, presidida por Mónica Fein (bloque Socialista), quien confirmó que en los próximos días comenzará la etapa de análisis entre asesores.

La definición de eutanasia que utilizan los distintos proyectos coincide, en líneas generales, con la que establece la Red de Cuidados, Derechos y Decisiones en el Final de la Vida una iniciativa conformada por investigadores del CONICET: se trata de un procedimiento médico destinado a poner fin a la vida de una persona con una enfermedad irreversible que le provoca sufrimiento físico o psíquico persistente y profundo, y que lo solicita de manera clara e inequívoca.

Actualmente, la Ley de Derechos del Paciente, sancionada en 2012, permite rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente un proceso terminal, pero no contempla la posibilidad de aplicar procedimientos que produzcan de manera directa la muerte del paciente. Esta diferencia, que suele confundirse en el debate público, es clave: mientras la legislación vigente avala la "muerte digna" como un derecho pasivo (rechazar tratamientos), la eutanasia implica una acción médica directa, y por tanto, requiere una regulación específica.

Las propuestas que se discuten en el Congreso contemplan tanto la eutanasia administrada por un profesional de la salud como el suicidio médicamente asistido, es decir, cuando el paciente recibe una sustancia prescripta para autoadministrarse. Para el abogado e investigador Ignacio Maglio, especialista en bioética, todos los proyectos presentados incluyen protocolos rigurosos y buscan garantizar seguridad jurídica, tanto para los pacientes como para el personal médico.

El debate excede el plano legal. Como señala el doctor en filosofía Eduardo Riviera López, también miembro de la red de investigadores del CONICET, se trata de una discusión que interpela valores profundos: la autonomía personal frente al deber ético de los médicos de no causar la muerte activa. "El derecho a ser artífices de nuestra propia vida incluye también su final", sostiene.

Mientras tanto, Argentina ha avanzado en otras dimensiones del cuidado al final de la vida. En 2023, el Congreso sancionó la Ley de Cuidados Paliativos, que establece el derecho de las personas con enfermedades graves a recibir atención integral y multidisciplinaria para aliviar el sufrimiento, incluyendo prácticas como la sedación profunda, el retiro de tratamientos o la contención psicosocial y espiritual. Sin embargo, aún no contempla la posibilidad de elegir cómo y cuándo morir.

La comparación internacional ofrece referencias importantes. Países como Países Bajos, Bélgica, Canadá, Colombia y España ya regulan la eutanasia. Colombia, único en la región con legislación vigente, lo hizo tras un fallo de su Corte Constitucional en 1997 y una posterior reglamentación en 2014. Más recientemente, en 2021, extendió este derecho a personas no terminales. En Perú, la Corte Suprema autorizó de manera excepcional la eutanasia para Ana Estrada, una mujer con una enfermedad degenerativa que litigó por su derecho a morir con dignidad.

En Argentina, el escenario está planteado. El Congreso deberá decidir si da el paso hacia una legislación que amplíe el abanico de derechos al final de la vida. Mientras tanto, las voces de pacientes, familiares, médicos, investigadores y referentes sociales seguirán ocupando un lugar central en un debate tan delicado como necesario.