La ONU denuncia presiones de Javier Milei sobre el Poder Judicial argentino

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación ante una serie de medidas adoptadas por el gobierno argentino que, según su análisis, podrían vulnerar la independencia del Poder Judicial y representar un deterioro significativo de la democracia en el país. A través de un comunicado oficial emitido el 11 de julio y firmado por nueve relatores del Consejo de Derechos Humanos, el organismo internacional denunció presiones sobre jueces, represión a la protesta social y uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas federales.

"Deseamos expresar nuestra profunda preocupación por lo que parece ser un esfuerzo organizado y deliberado para hostigar y castigar a jueces en represalia por su labor judicial", señala el documento. La advertencia se basa en una serie de episodios recientes, entre ellos el caso de la jueza Karina Andrade, quien denunció haber recibido amenazas y ser blanco de campañas de desprestigio tras ordenar la liberación de 114 personas detenidas en el marco de una protesta realizada el 12 de marzo de 2025.

De acuerdo con lo informado por Andrade, las detenciones se realizaron sin cumplir con las garantías legales básicas, como la debida notificación al tribunal competente, ni información clara sobre los motivos, lugares u horarios de los arrestos. En su declaración, destacó que "el derecho a la protesta, especialmente cuando se ejerce en defensa de grupos vulnerables, es un derecho protegido constitucional y convencionalmente".

Ante este fallo judicial, las autoridades del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia anunciaron su intención de solicitar la destitución de la magistrada. Además, el vocero presidencial, Manuel Adorni, utilizó sus redes sociales para criticarla públicamente: "La justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad. Los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices".

El informe de la ONU describe un patrón de estigmatización contra la jueza Andrade, incluyendo amenazas de muerte y violencia sexual. "Este patrón de estigmatización abusiva y ataques ad hominem por parte del Ejecutivo [...] incluirán acoso y abuso del público", señala el texto. El organismo considera que estos hechos constituyen un ataque directo a la independencia del Poder Judicial y un intento por disciplinar a quienes lo integran.

En el mismo sentido, también se mencionó el caso del juez Roberto Gallardo, quien enfrenta cuestionamientos por haber limitado el accionar de las fuerzas federales en operativos de seguridad. Los relatores advierten que la persecución de jueces, junto con el uso de normativas de seguridad interna para criminalizar la protesta social, podría constituir una violación grave de tratados internacionales ratificados por la Argentina. "Los actos de violencia aislados no bastan para tachar a toda una reunión de no pacífica. Las detenciones masivas son arbitrarias y constituyen castigos colectivos", enfatiza el comunicado.

El documento también exhorta al gobierno de Javier Milei a informar qué medidas piensa adoptar para garantizar el respeto a los derechos civiles, proteger la libertad de expresión y evitar represalias contra miembros del Poder Judicial y manifestantes. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha respondido, aunque solicitó una prórroga para presentar su descargo formal.

En un análisis más amplio de la situación en el país, la ONU alertó sobre un retroceso general en materia de derechos y libertades desde diciembre de 2023, fecha en la que asumió el actual presidente. Entre las medidas cuestionadas se encuentran el uso del protocolo antipiquetes, la aprobación del DNU 70/2023, la sanción de la denominada "Ley Bases" y otras reformas legislativas.

Según el relevamiento realizado entre enero y junio de 2024, al menos 80 personas fueron detenidas de forma arbitraria, 665 resultaron heridas algunas con lesiones permanentes y se documentaron agresiones contra 47 trabajadores de prensa. En particular, se destaca el operativo del 12 de junio frente al Congreso, donde más de 200 personas sufrieron heridas durante la represión de una manifestación pacífica. La represión incluyó gases lacrimógenos, postas de goma, bastonazos, detenciones al voleo y maniobras policiales de alto riesgo.

Asimismo, se denuncia el uso de inteligencia artificial para vigilar movilizaciones y la infiltración de agentes en manifestaciones, prácticas que están siendo investigadas actualmente por el Congreso. El organismo internacional también puso el foco en la represión ejercida contra personas mayores que se manifiestan semanalmente en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, donde se registraron casos de golpes, quemaduras por gas pimienta y arrestos arbitrarios de personas mayores de 80 años. Uno de los casos más graves fue el del fotógrafo Pablo Grillo, herido de gravedad en la cabeza por el impacto de un proyectil disparado por la Gendarmería durante la cobertura de una protesta.

La ONU considera que este conjunto de hechos constituye una señal de alerta para la comunidad internacional sobre el estado de los derechos humanos y la calidad democrática en Argentina.