25/05/2024

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Crueldad, desidia y escándalo: judicialización de medicamentos oncológicos y HIV

La Justicia desechó una denuncia que había hecho el gobierno por supuestas "irregularidades" en la compra de esos remedios que salvan vidas. Esto derivó en demoras u omisiones en la entrega de esos fármacos a pacientes que luchan contra el cáncer y el HIV. ¿Y ahora?

El caso es indignante y gravísimo: el juez federal Julián Ercolini ha desestimado una denuncia presentada por el Ministerio de Capital Humano a cargo de la administración de Sandra Pettovello. La denuncia se refería a «supuestas irregularidades» en la compra de medicamentos de alto costo por parte del gobierno anterior, destinados a pacientes con enfermedades gravísimas.

Pettovello había presentado la denuncia basándose en una «auditoría interna». Según ella, existían irregularidades en la compra de medicamentos para el cáncer y el HIV. Estas «irregularidades» dieron como resultado «retrasos u omisiones» en la entrega de estos medicamentos a los pacientes que los venían recibiendo de manera regular, fundamentales para seguir con vida. ¿Y ahora?


Ercolini decidió aceptar el criterio propuesto por la fiscalía, que estuvo primero a cargo de Ramiro González y luego de Carlos Rívolo. Dado que no hubo impulso fiscal ni querella, el juez debe seguir el criterio que le imponen quienes representan a la sociedad en el expediente, tal como lo establece el Código Procesal. La denuncia apuntaba específicamente a la provisión de medicamentos que se canalizaban hacia los pacientes a través de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE). Sin embargo, desde la asunción del presidente Javier Milei, decenas de pacientes han denunciado que se interrumpió la provisión de estos medicamentos.


Distintas organizaciones que trabajan con pacientes oncológicos y patologías crónicas solicitaron en varias ocasiones que el DADSE renueve la atención y entregue los medicamentos, incluso a principios de abril presentaron un amparo judicial. Además, aseguraron que como consecuencia de la decisión del Gobierno de interrumpir esta asistencia que brindaba el organismo se produjeron varios fallecimientos.


Incluso hubo un caso que resonó y fue el de Patricio Romanos (Buenos Aires), quien había presentado un amparo individual que tuvo resultado favorable por parte del juzgado interviniente, y el Gobierno tomó la decisión de apelar la resolución. "Un acto de impactante crueldad", explicaron las asociaciones. Y precisaron: "Más allá de este amparo, el gobierno tenía la obligación de garantizar la medicación, pero cuando la medicación apareció, Patricio Romanos había fallecido dos semanas antes".

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