Alberto Fernández enfrenta la justicia: apeló su procesamiento en la causa Seguros

La defensa del expresidente Alberto Fernández presentó una apelación ante la Cámara Federal porteña, solicitando que se revoque su procesamiento en la denominada causa Seguros y se dicte su falta de mérito. La causa, que permanece en manos del juez federal Sebastián Casanello, continúa bajo investigación con nuevas medidas de prueba en curso.

El procesamiento fue dictado el pasado viernes, cuando el magistrado imputó a Fernández por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de una trama que involucra contrataciones de seguros por parte de organismos estatales, con comisiones millonarias otorgadas a intermediarios privados. Según el juez, el expresidente habría facilitado un esquema que benefició a un grupo empresarial con el que tuvo vínculos directos, incluso desde una oficina instalada dentro del propio Ejecutivo.

La presentación de la apelación estuvo a cargo de Mariana Barbitta, abogada del exmandatario, quien argumentó que su defendido fue procesado por hechos por los que nunca fue debidamente indagado, ni tuvo oportunidad de ejercer una defensa completa. La letrada consideró que se trata de una "persecución infundada" y cuestionó el origen de la investigación, basada inicialmente en información periodística. Alertó además sobre la "gravedad institucional" de que se dicte un procesamiento contra un expresidente sin una pesquisa judicial "seria, amplia y objetiva".

La causa se originó a partir de los contratos suscriptos entre organismos públicos y Nación Seguros SA, que habrían habilitado la intervención de brokers privados. Estos intermediarios cobraron comisiones por más de 3.300 millones de pesos, de los cuales el 68% habría sido direccionado a empresas vinculadas a Héctor Martínez Sosa, un empresario cercano a Fernández. El expediente señala que las maniobras abarcaron al menos 45 contratos entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

En el marco del proceso, más de 40 personas fueron citadas a declaración indagatoria, imputadas por haber participado de forma coordinada en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos mediante la intermediación irregular de seguros en organismos del Estado. La decisión ahora recae en la Cámara Federal, que deberá resolver si confirma el procesamiento o si, como pide la defensa, dicta la falta de mérito.