04/07/2025
A través de cartas formales dirigidas a las autoridades escolares, un grupo autodenominado "Padres Unidos contra la ideología de género en la escuela" está manifestando su rechazo a determinados contenidos de la Educación Sexual Integral (ESI) que, según sostienen, promueven una visión doctrinaria contraria a sus valores.
Un creciente movimiento de familias en distintas provincias del país ha comenzado a organizarse para cuestionar la aplicación actual de los contenidos de Educación Sexual Integral (ESI) en el sistema educativo. El detonante fue la difusión de materiales escolares y prácticas pedagógicas que, según denuncian, introducen conceptos vinculados a la identidad de género y la diversidad sexual sin el debido conocimiento ni consentimiento de los padres. A partir de esta preocupación, surgió una red nacional bajo el nombre "Padres Unidos contra la ideología de género en la escuela", que promueve la campaña "No Autorizo".
El grupo, articulado
inicialmente a través de redes sociales y mensajería instantánea, mantiene
reuniones presenciales y virtuales, tanto a nivel nacional como por distrito.
Su objetivo principal es visibilizar lo que consideran una "sexualización
temprana" e "ideologización" de los contenidos de ESI, reunir testimonios,
consultar a especialistas, y exigir el respeto del derecho de las familias a participar
activamente en la educación de sus hijos.
Como acción central,
impulsan la entrega de una carta dirigida a las autoridades escolares, en la
que los padres y tutores expresan su decisión de no autorizar a sus hijos a
participar de clases o actividades relacionadas con temáticas de género,
diversidad o sexualidad que consideren contrarias a sus valores. El texto cita
normativa nacional e internacional, entre ellas la Ley de Educación Nacional
(26.206), la Ley de Educación Sexual Integral (26.150), y la Convención sobre
los Derechos del Niño, invocando el principio de corresponsabilidad en la
educación y el rol de la familia como primer agente educativo.
Además, el modelo de
carta exige que las escuelas informen con antelación los contenidos y materiales
que se abordarán, incluyendo los nombres de entidades o personas externas que
participen en charlas o talleres. La negativa se extiende tanto a la presencia
de organizaciones externas incluidas agrupaciones de diversidad sexual o
programas públicos como el ENIA como a cualquier actividad que, según los
firmantes, promueva la ideología de género sin base científica.
La movilización también
ha generado diálogo con autoridades educativas. En varias jurisdicciones,
representantes del movimiento han solicitado reuniones con ministros,
legisladores y gobernadores, y destacan la revisión de materiales ESI que se
está llevando a cabo en algunos distritos, como la Ciudad de Buenos Aires.
Por otro lado, docentes de distintas provincias han comenzado a manifestar sus propias objeciones respecto a la implementación obligatoria y transversal de los contenidos de ESI, señalando que muchas veces no cuentan con formación adecuada y que se ven obligados a abordar temáticas que exceden sus competencias y convicciones personales.
El debate sobre el
enfoque de la ESI no es nuevo, pero ha cobrado renovada intensidad en el último
año, especialmente tras la exposición de materiales utilizados en algunas
escuelas que, según los padres, representan una visión "anticientífica" del
sexo biológico y fomentan modelos identitarios que no se condicen con la
madurez emocional de los alumnos. Uno de los ejemplos más citados por los
críticos es el material "Pido gancho", que invita a repensar el género en la
clase de educación física y promueve actividades que según argumentan
cuestionan la heterosexualidad como norma.
El reclamo de los
padres se apoya, entre otros puntos, en que la Ley de ESI reconoce el derecho
de las familias a participar en la elaboración del proyecto institucional de
cada escuela, así como a adaptar sus propuestas a la realidad sociocultural del
entorno. Para los impulsores de la campaña "No Autorizo", esos derechos no
estarían siendo respetados.
El debate pone en
evidencia tensiones no resueltas en torno al alcance, los límites y el
contenido de la Educación Sexual Integral, en un contexto de fuerte
polarización social sobre temas de género, infancia y rol del Estado en la
formación de valores. Mientras tanto, continúa el despliegue de estrategias de
parte de familias que buscan incidir en el rumbo de esta política educativa.
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