04/05/2025
La Secretaría de Trabajo rechazará homologar paritarias con subas superiores al 1% mensual. La inflación fue del 3,7% en marzo, con alimentos subiendo 5,9%. Se prevé que abril no cederá en la escalada.
El Poder Ejecutivo informó que no reconocerá oficialmente acuerdos paritarios que incluyan aumentos salariales por encima del 1% mensual. La decisión fue comunicada por fuentes del Ministerio de Capital Humano y afecta directamente a negociaciones entre sindicatos y empresas, en un contexto donde la inflación continúa por encima del 3% mensual.
"No se van a homologar aumentos por encima del 1% mensual. Es un criterio general para preservar el orden macroeconómico", indicaron voceros de la Secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Cordero bajo la órbita de la ministra Sandra Pettovello.
En marzo, la inflación alcanzó el 3,7%, con alimentos y bebidas no alcohólicas registrando un alza del 5,9%, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Para abril, las estimaciones privadas ubican el índice nuevamente por encima del 3%.
Frente a esta situación, la medida oficial establece una fuerte intervención sobre los ingresos laborales, en contraste con la falta de regulación en precios de productos de consumo masivo, cuyo incremento mensual se mantiene constante.
Desde la Casa Rosada confirmaron que revisarán los convenios firmados en las últimas semanas entre gremios y empleadores, con la intención de frenar aquellos que superen el límite fijado. La decisión forma parte del plan del gobierno de Javier Milei para consolidar lo que denomina "proceso de desaceleración inflacionaria".
Representantes del sector patronal manifestaron su preocupación por el efecto que puede tener esta política sobre el consumo y la estabilidad laboral. La negativa a validar aumentos por encima del 1% mensual plantea tensiones con los sindicatos, que advierten sobre el deterioro del poder adquisitivo y el riesgo de conflictos laborales.
La Secretaría de Trabajo mantiene como eje central de su intervención el objetivo de evitar que los ajustes salariales afecten las metas fiscales. Esto implica reforzar el ajuste económico, una línea de acción que busca restringir el crecimiento de los salarios en términos reales y contener el gasto, incluso en detrimento de la actividad económica.
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