Violencia obstétrica: entre la denuncia social y el vacío legal

Según el último Relevamiento de Atención Ginecobstétrica en Argentina, realizado por el Observatorio de Violencia Obstétrica y publicado el 13 de mayo, el 36% de las mujeres y personas con capacidad de gestar afirmó que sus decisiones fueron ignoradas o manipuladas por el personal médico, especialmente cuando rechazaban intervenciones. En muchos casos, se recurrió a tácticas coercitivas, amenazas y maltrato verbal o físico para forzar la aceptación de tratamientos.

En este contexto, la Campaña Nacional contra la Violencia Ginecoobstétrica impulsó una serie de acciones para visibilizar esta forma de violencia. Durante la Semana del Parto Respetado (13 al 20 de mayo), varios monumentos de la Ciudad de Buenos Aires fueron iluminados de rojo. Además, se presentó el proyecto de ley 1898-D-2025, que propone declarar el 17 de mayo como Día Nacional para la Erradicación de la Violencia Ginecobstétrica.

"Es un paso clave hacia el reconocimiento institucional y la construcción de políticas públicas con perspectiva de derechos", afirma Luján Arcidiácono, coordinadora de la campaña, en diálogo con El Bonaerense.

Datos que revelan una realidad alarmante

El relevamiento muestra que el 22% de las personas encuestadas no estuvo acompañada durante la atención médica. Respecto a las consultas, el 55,4% señaló que el profesional se centró solo en aspectos clínicos, y el 47% consideró que el tiempo de atención fue insuficiente. El 45% reportó maltrato verbal, el 46% maltrato psicológico, y solo el 13,8% pudo decidir de forma autónoma sobre su atención."En los últimos años no hubo avances significativos en términos de resultados, indicadores ni políticas públicas. Sí hubo un mayor nivel de visibilización y difusión de la temática", sostiene Arcidiácono.

Desde la campaña señalan que, además de ser una estrategia de difusión, el trabajo sobre esta problemática se transformó en un marco teórico consolidado desde los activismos.

Falta de avances estatales y fallos internacionales incumplidos

"El Estado argentino no ha avanzado en la prevención ni en la sanción de esta forma de violencia", denuncia Arcidiácono. Los únicos dos fallos internacionales relevantes -el caso Brítez Arce (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2022) y un reciente dictamen del Comité CEDAW (2025)- condenaron al Estado argentino, que, según la información disponible, no cumplió con las medidas de reparación impuestas.

La falta de atención política se explica por varios factores: la ausencia de decisión estatal, la débil demanda social y la naturalización de estas violencias como hechos aislados.

"Las mujeres tienden a pensar que lo que vivieron les pasó solo a ellas. No hay conciencia de que se trata de un fenómeno sistémico y cotidiano."

Muchas personas no identifican lo vivido como violencia obstétrica o ginecológica. Incluso desconocen que existe una ley que garantiza sus derechos durante procesos como el parto.

"Estamos cuestionando un modelo asistencial profundamente arraigado, sostenido por el poder simbólico del saber médico hegemónico, que aún hoy parece incuestionable", explica Arcidiácono.

La exclusión de actores clave en el debate

Uno de los problemas que señala la campaña es que las discusiones no incluyen a todos los actores involucrados. Participan personas gestantes, activistas y, en algunos casos, funcionariado. Sin embargo, no están presentes los profesionales de la salud, las asociaciones médicas ni las universidades.

"Discutimos entre nosotras. A veces logramos llegar a un funcionario, pero no se involucran los sectores que realmente podrían transformar el sistema de atención."

Estrategias para erradicar la violencia ginecoobstétrica

La campaña propone un abordaje integral basado en cuatro pilares:

Producción de datos y estadísticas oficiales:

"No existen datos oficiales sistematizados sobre esta problemática. La información disponible ha sido generada por activistas y organizaciones sociales", destaca Arcidiácono.

Formación y políticas públicas con enfoque preventivo:

Se aboga por revisar programas de estudio universitarios y capacitar al personal de salud en perspectiva de género y derechos humanos. "No tenemos una postura punitivista; apostamos a la prevención y a la transformación cultural del modelo de atención."

Cambio del modelo asistencial:

Se promueve la creación de casas de parto, con atención de bajo riesgo a cargo de licenciadas/os en obstetricia. Esta propuesta sigue recomendaciones internacionales que apuntan a que las parteras sean la primera línea de atención en embarazos de bajo riesgo.

Reconocimiento de condiciones laborales del personal de salud:

Las y los profesionales también enfrentan precarización, explotación y falta de recursos, factores que afectan la calidad de la atención.

Canales de denuncia reducidos y desmantelados

Hasta el inicio del actual gobierno, existían múltiples vías administrativas para denunciar casos: la CONSAVIG, el INADI, la Defensoría del Pueblo y equipos especializados en el Ministerio de Salud. Hoy, solo la Defensoría continúa activa, aunque ya no publica dictámenes, lo que limita el acceso a información pública sobre denuncias.

"Incluso la Línea 144, que no era ideal, podía articular medidas en situaciones de emergencia. Hoy, ni eso."

Una campaña que exige interpelar al sistema de salud

"Seguimos hablándoles a las personas gestantes, pero no al personal de salud. Así como les decimos a las mujeres cuáles son sus derechos, también hay que decirles a los profesionales cuáles son los derechos que deben respetar", concluye Arcidiácono.

En el perfil de Instagram de la Campaña Nacional contra la Violencia Ginecoobstétrica se encuentran disponibles todos los relevamientos, incluido el actual sobre colocación de DIU.