Es oficial: el Gobierno modificó la política migratoria ¿Cuáles son los cambios?

El Gobierno nacional publicó este jueves en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, que introduce modificaciones sustanciales a la Ley 25.871, marco normativo de la política migratoria argentina. Entre los principales cambios se destacan mayores restricciones para acceder a la ciudadanía, endurecimiento de las condiciones de residencia y nuevas disposiciones que habilitan el cobro por servicios públicos de salud y educación a extranjeros sin residencia permanente.

Arancelamiento en salud y educación

Uno de los puntos más controvertidos del decreto es la posibilidad de cobrar por el acceso al sistema sanitario y a la educación superior estatal a personas extranjeras que no cuenten con residencia permanente en el país.

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El texto establece que los residentes permanentes tendrán derecho al sistema público de salud "en igualdad de condiciones" con los ciudadanos argentinos. Sin embargo, aclara que los establecimientos de salud del Estado nacional podrán exigir seguro médico o pago previo para prestar servicios habituales a personas que no se encuentren en situación migratoria regular.

El texto establece que los residentes permanentes tendrán derecho al sistema público de salud "en igualdad de condiciones" con los ciudadanos argentinos.

Respecto a la educación, los estudios de grado en universidades públicas seguirán siendo gratuitos para ciudadanos argentinos nativos o por opción, y para extranjeros con residencia permanente. Para el resto, se autoriza a las instituciones a establecer aranceles por sus servicios educativos.

Cambios en el régimen de residencia

El decreto también modifica los criterios para acceder y mantener distintos tipos de residencia. Se reconocen tres categorías: residente permanente, temporario y transitorio, y se otorga a la Dirección Nacional de Migraciones la facultad de aprobar o revocar residencias precarias por hasta 90 días, prorrogables.

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Esa residencia precaria habilitará a trabajar, estudiar e ingresar o egresar del país, pero no podrá usarse como argumento para solicitar ciudadanía ni como prueba de arraigo. Para obtener la residencia permanente, los interesados deberán acreditar medios económicos suficientes y carecer de antecedentes penales. Se mantendrán derechos especiales para hijos y familiares directos de ciudadanos argentinos.

El decreto también modifica los criterios para acceder y mantener distintos tipos de residencia

A pesar de las restricciones, el decreto mantiene ciertos principios de no discriminación. Asegura el acceso igualitario a servicios sociales, salud, educación, justicia y trabajo "de acuerdo con la categoría migratoria" y afirma que ningún niño o adolescente será excluido del sistema educativo por su situación migratoria. También garantiza la atención sanitaria en casos de emergencia "cualquiera sea la situación migratoria" del paciente.