Medios, periodistas y Estado: cómo se vive la libertad de prensa hoy en Argentina

En medio de un clima político cada vez más hostil hacia el periodismo, Argentina ha experimentado un retroceso alarmante en materia de libertad de prensa. Así lo confirma el último informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), que ubica al país en el puesto 87 entre 180 naciones, una caída de 47 lugares en comparación con años anteriores. La organización atribuye este descenso a "giros autoritarios" que afectan la labor informativa en distintos puntos del mundo, y señala en particular el caso argentino, donde el presidente Javier Milei "estigmatizó a los periodistas, desmanteló los medios públicos y utilizó la publicidad estatal como arma política".

La escalada contra la prensa no es abstracta ni simbólica: se expresa a diario desde los canales oficiales del gobierno, redes sociales incluidas. El propio Milei ha difundido mensajes en los que afirma que "no odiamos lo suficiente a los periodistas", calificándolos de "sicarios con supuesta credencial". Su vocero, Manuel Adorni, y asesores cercanos como Santiago Caputo han replicado este discurso, alimentando un clima de sospecha y deslegitimación hacia la tarea periodística, incluso hacia comunicadores que en algún momento fueron afines a la gestión.

Los efectos de esta retórica se sienten también en las calles. En las últimas semanas, el director de El Destape, Roberto Navarro, fue víctima de una golpiza en la vía pública. Poco antes, Antonio Becerra, fotógrafo de Tiempo Argentino, fue intimidado públicamente por Caputo durante un debate electoral. Ambos hechos ocurrieron tras el ataque que sufrió el fotorreportero Pablo Grillo, quien recibió un disparo en la cabeza y aún se encuentra en proceso de recuperación. Aunque no todos estos ataques pueden vincularse directamente al poder Ejecutivo, se dan en un contexto en el que la estigmatización desde las altas esferas del Estado ha vuelto más vulnerables a quienes ejercen el periodismo.

Esta embestida contra los medios se completa con el vaciamiento de los canales públicos como Télam, Radio Nacional o la TV Pública y el ahogo financiero a medios comunitarios, que históricamente han garantizado la diversidad de voces en los márgenes del sistema de medios concentrado. El uso discrecional de la pauta oficial, una práctica históricamente cuestionada en la política argentina, ha sido profundizada bajo el actual gobierno como herramienta de castigo o recompensa según la línea editorial de cada medio.

Desde el retorno de la democracia en 1983, la legislación argentina había avanzado en la protección de la libertad de expresión: se derogaron figuras penales como el desacato, se despenalizaron las calumnias e injurias en causas de interés público, y se reconoció el derecho al secreto profesional y a la protección de las fuentes. Pero hoy ese marco legal convive con una realidad preocupante. La violencia simbólica y en algunos casos física contra la prensa socava principios fundamentales del sistema democrático.

El retroceso no es solo institucional. Es también cultural: una sociedad expuesta a discursos que demonizan el periodismo corre el riesgo de naturalizar el silencio, la autocensura y la concentración informativa. La historia demuestra que los intentos de silenciar a la prensa desde el poder no son aislados, sino expresión de procesos más amplios de opresión social, política y cultural.

Por eso, más allá de rankings o informes, el verdadero termómetro de la libertad de prensa en Argentina está en el ejercicio cotidiano del periodismo: en la posibilidad de investigar sin miedo, de criticar sin represalias, de informar sin ser blanco de violencia. Es allí donde se juega, una vez más, la calidad de nuestra democracia.