01/07/2025
Según Unicef, el 56% de las madres no recibe la cuota, y el 68% si se considera la irregularidad. En CABA, ya se impidió el ingreso a 11 personas en eventos por figurar en el Registro de Deudores. Expertos reclaman más acceso a la Justicia y medidas preventivas.
La reciente prohibición de ingreso a dos personas al recital de Los Piojos en el estadio Monumental por figurar como deudores alimentarios volvió a poner en evidencia una problemática estructural que persiste en Argentina: el incumplimiento de las obligaciones económicas parentales, en su mayoría por parte de padres que no conviven con sus hijos. Aunque el impago de la cuota alimentaria está tipificado como una forma de violencia económica, las herramientas judiciales existentes no logran resolver el problema de fondo.
Según el informe 2024
de UNICEF sobre niñez y adolescencia en hogares monoparentales liderados por
mujeres, el 56% de las madres no recibe ningún tipo de cuota alimentaria. Si se
incluye a aquellas que la perciben de forma esporádica, el porcentaje se eleva
al 68%. Además, el 60% de las mujeres que no reciben esta asistencia económica
reportan que el progenitor tampoco colabora con otros gastos. Incluso entre
quienes sí acceden a un aporte económico, el 24% indica que no cubre las
necesidades básicas de sus hijos.
En el país existen
aproximadamente 12 mil personas inscriptas en los Registros de Deudores
Alimentarios Morosos (RDAM), de las cuales unas 3 mil corresponden a causas
tramitadas en juzgados de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, los
especialistas coinciden en que esta cifra no refleja la magnitud real del
incumplimiento. Según la abogada Tamara Bezares, siete de cada diez padres no
cumplen total o parcialmente con la cuota alimentaria en la provincia de Buenos
Aires.
Bezares advierte que el
problema principal radica en el acceso a la Justicia: las mujeres deben
atravesar un proceso judicial complejo, que implica demostrar la necesidad
alimentaria, acreditar la capacidad económica del progenitor, obtener una
resolución provisoria, y solo en caso de incumplimiento, solicitar la
inscripción del padre en el registro de deudores. Esta serie de pasos limita el
alcance de las sanciones y deja a muchas madres sin herramientas efectivas para
hacer valer los derechos de sus hijos.
En un intento por visibilizar esta forma de violencia económica y promover la corresponsabilidad parental, el gobierno porteño implementó operativos de control en eventos deportivos y culturales. La Ley 6.771, sancionada en diciembre de 2024, prohíbe el ingreso de deudores alimentarios a estadios de fútbol de la Ciudad. Desde marzo de 2025, ya se realizaron 16 operativos en estadios porteños, impidiendo el acceso a once personas provenientes de distintas provincias. La medida se amplió a recitales, y en los conciertos recientes de Los Piojos fueron detectados dos deudores alimentarios oriundos de Neuquén.
El ministro de Justicia
de la Ciudad, Gabino Tapia, explicó que estas acciones forman parte de una
política de reparación que busca garantizar el derecho alimentario de niños, niñas
y adolescentes. La Ciudad mantiene convenios con trece provincias para el
intercambio de información, lo que permite identificar a deudores sin importar
la jurisdicción de origen del fallo judicial.
Más allá del aspecto
legal, el incumplimiento de la cuota alimentaria también tiene consecuencias
emocionales. La psicóloga Charo Maroño, de la Asociación Psicoanalítica
Argentina (APA), sostiene que la falta de responsabilidad económica paterna
afecta tanto la dinámica familiar como el bienestar psicológico de los menores.
"El padre deja de ser visto como una figura protectora y se transforma en una
fuente de conflicto. Esto repercute directamente en el estado emocional de los
niños, quienes pueden experimentar angustia, ansiedad o tristeza, y en algunos
casos, sentir que son los causantes del malestar de la madre y el padre",
explica.
Frente a este
escenario, especialistas y organizaciones coinciden en la necesidad de avanzar
en políticas preventivas, que faciliten los procesos judiciales, garanticen el
cumplimiento efectivo de las obligaciones parentales y protejan integralmente
los derechos de niños, niñas y adolescentes.
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