02/08/2025
La causa suma allanamientos, versiones y sospechosos, pero ningún detenido ni imputado directo. Crece la presión familiar y política en el expediente. Un pastor es señalado por el entorno de las víctimas, pero no fue imputado ni citado.
Paloma Gallardo (16) y Josué Salvatierra (14) fueron asesinados el 30 de enero en un descampado de Florencio Varela.
La Justicia allanó un predio donde funcionaba una iglesia evangelista a 60 metros de la escena.
Un pastor es señalado por el entorno de las víctimas, pero no fue imputado ni citado.
Se investigan seis nombres vinculados a personas en situación de calle; ninguno está detenido.
Una muestra de ADN con un tercer perfil genético podría aportar una nueva pista: sigue sin resultados desde marzo.
Paloma Gallardo y Josué Salvatierra salieron de sus casas el 30 de enero con la excusa de ir al gimnasio. La versión que dieron a sus familias resultó habitual, pero no era verdadera. Caminaron juntos hasta un predio ubicado a solo minutos de sus domicilios, un sitio descampado del barrio Bosques en Florencio Varela. Dos días después, alguien encontró sus cuerpos cerca del puente ferroviario.
Tenían 16 y 14 años. La autopsia confirmó que murieron a causa de lesiones graves en el cráneo provocadas por golpes con una piedra. No hubo señales de abuso sexual. En la escena se hallaron restos de sangre, una botella manchada y rastros de ocupación precaria.
A 60 metros del lugar donde yacían los cuerpos, en un galpón que funcionaba como iglesia bajo el nombre "Familias Sanas", la Justicia realizó un allanamiento. Según indicó Carlos Dieguez, abogado de la familia de Josué, "la teoría que exploran apunta a que el doble homicidio podría tener algún tipo de conexión con prácticas o rituales dentro de esa comunidad".
Durante el operativo se incautó un solo objeto: un teléfono celular. Las pericias todavía no concluyeron. En paralelo, existe una versión sobre supuestas "ofrendas" exigidas dentro del grupo religioso. Las sospechas recaen sobre un pastor que operó en el lugar hasta fines de 2019 y que "se mantuvo cercano a la familia de Paloma después del crimen", según el entorno de Josué.
Su "ausencia durante esos días de rastrillajes, sumado a su relación cercana con el papá de Paloma y el cierre repentino de sus redes sociales" generaron dudas, relatan familiares del adolescente asesinado. A pesar de ello, el fiscal Darío Provisionato no lo considera formalmente sospechoso ni programó su citación a declarar.
La investigación mantiene en revisión otra línea de trabajo: un homicidio en contexto de robo o violencia espontánea. Las autoridades pusieron el ojo sobre seis personas en situación de calle que frecuentaban el descampado. Uno de ellos quedó descartado por motivos de salud tras ser internado en el Hospital Borda.
El resto aún no fue imputado formalmente. Sus nombres surgen de registros del área de Desarrollo Social del municipio. De ese grupo, varios cuentan con antecedentes por delitos menores, como hurtos, sin vinculación a hechos violentos.
Desde el entorno de Josué denuncian presión por parte de punteros políticos que "buscan cerrar el caso" con el argumento de que "no es momento para hablar del tema". Según los familiares, hubo ofrecimientos de ayuda a cambio de no marchar ni hablar en medios.
La causa permanece trabada por la espera de resultados forenses. Las muestras de ADN tomadas en la escena continúan en resguardo y no fueron analizadas debido a demoras en el laboratorio forense bonaerense. Una de las incógnitas principales es si el material genético hallado corresponde a un tercer individuo.
Según fuentes judiciales, ese resultado podría abrir una nueva línea de investigación. Las muestras se recolectaron en marzo y aún no fueron procesadas.
Durante la pesquisa, uno de los celulares de Josué fue detectado en la provincia de Río Negro. La señal activó alertas judiciales. La Policía Federal detuvo a un comerciante que tenía el equipo con número de IMEI clonado. Declaró que lo compró a través de Facebook y negó relación alguna con el doble crimen.
Luego de indagatorias y cruce de antenas, la Justicia lo liberó. Su situación procesal continúa vinculada al circuito de reventa del teléfono, pero no como implicado en el asesinato.
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2 de agosto de 2025
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