Un dato alarmante: los presos bonaerenses tienen cerca de 50 mil líneas de celulares legales

Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro, descubrió al investigar el suicidio del soldado Rodrigo Andrés Gómez (21) un mensaje de voz importante ante la situación de los celulares de las cárceles bonaerenses: "Vengo laburando hace una banda de tiempo... ya vengo hace dos años... una banda de presos está laburando así, en todos lados laburan así... en la 30 (Unidad de General Alvear) están laburando todos, en todos los pabellones están laburando". Rodrigo se mató la madrugada del 16 de diciembre de un disparo en la cabeza en su puesto de guardia en la Quinta Presidencial de Olivos.

Gómez había sido engañado por una banda de presos que operaba desde la cárcel de Magdalena a través de teléfonos celulares. Haciéndose pasar por policías, lo convencieron de que la madre de una menor de edad lo estaba denunciando por acosar a su hija por una aplicación de citas. Aunque no era cierto, Gómez se sintió acorralado y, al no poder pagar las extorsiones, se suicidó. Fue víctima de "un laburo" tumbero.

El caso del soldado volvió a poner en debate público el uso de los teléfonos celulares en manos de los presos. Y sobre todo en manos de los presos bonaerenses que, desde la pandemia de COVID-19, están habilitados a tener este medio de comunicación, aunque cada línea debe ser identificada y registrada por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Actualmente los presos alojados en cárceles del SPB tienen 48.693 dispositivos celulares registrados que pueden usar libremente. Sus conversaciones no pueden ser monitoreadas a menos que haya orden judicial específica. A eso se suman los aparatos que entran a las unidades de contrabando (a través de familiares o guardias). Esto es algo que pasó siempre y que pasa aun en todas las cárceles del país.

Un ejemplo reciente: el miércoles pasado, la Policía Federal atrapó a una banda que, desde el Complejo Penitenciario Almafuerte de Lujan de Cuyo, Mendoza, hacia sextorsiones. A través de una red social había contactado a un hombre en Chubut y le había hecho el mismo engaño que al soldado Gómez. Esta víctima, padre de familia, también había estado a punto de suicidarse. Por suerte hizo la denuncia.

Los celulares que entran a las cárceles de contrabando son, por lógica, los que más se usan para cometer delitos. Pero hay excepciones. Y el caso de Gómez fue una: al menos un número de los usados en esos casos estaba registrado por el SPB. Según registros oficiales del Ministerio de Justicia Bonaerense, en 2025 se secuestraron 1.525 celulares ilegales: 1.366 de ellos se encontraron en requisas de rutina y otros 159 se secuestraron por orden de la Justicia,