19/03/2026
La Justicia deberá investigar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras una denuncia que apunta a contratos por más de $3.650 millones y la concesión de Tecnópolis. El caso pone bajo la lupa posibles vínculos entre empresas, simulación de competencia y conflictos de interés en la administración pública.
La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas y en la concesión del predio de Tecnópolis.
Según la presentación judicial, el foco está puesto en una licitación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios, que habría adjudicado a la empresa ATX S.A. un contrato superior a los $3.650 millones para servicios de mensajería masiva, incluyendo envío de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas.
El punto más delicado de la denuncia radica en la posible existencia de vínculos societarios entre las firmas participantes -ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L.- lo que podría configurar una "simulación de competencia", una práctica que vulnera los principios básicos de transparencia en la contratación pública.
Especialistas en derecho administrativo señalan que este tipo de maniobras, de comprobarse, podrían encuadrarse como fraude contra el Estado. "La competencia simulada distorsiona el proceso licitatorio y afecta directamente el uso de fondos públicos", explican fuentes del ámbito jurídico.
Otro de los ejes centrales de la denuncia apunta a la concesión del predio de Tecnópolis, un proceso valuado en más de $183.300 millones y administrado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que depende de la Jefatura de Gabinete.
En este caso, se menciona la relación entre la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti -esposa de Adorni-, y el Grupo Foggia, vinculado a una de las empresas preseleccionadas para la concesión junto a DirecTV Argentina.
Para la denunciante, estas conexiones podrían configurar un conflicto de interés incompatible con el ejercicio de la función pública, ya que involucrarían relaciones comerciales indirectas con empresas que contratan con el Estado.
De acuerdo al escrito presentado, los hechos denunciados podrían encuadrarse en distintos delitos contra la administración pública:
Fraude contra el Estado
Negociaciones incompatibles con la función pública
Abuso de autoridad
Asociación ilícita
Enriquecimiento ilícito
La causa ahora deberá avanzar con la recolección de pruebas para determinar si existieron irregularidades concretas y responsabilidades penales.
La denuncia se da en un contexto de creciente tensión política y judicial en torno a la figura de Manuel Adorni, quien en las últimas semanas ya había quedado en el centro de la polémica por viajes oficiales y cuestionamientos sobre el uso de recursos del Estado.
En este escenario, el avance de la investigación podría abrir un nuevo foco de conflicto para el Gobierno nacional, especialmente si la Justicia encuentra elementos que respalden las acusaciones.
La denunciante solicitó la apertura formal de una investigación penal y la producción de medidas de prueba, entre ellas el análisis de contratos, vínculos societarios y documentación administrativa.
El expediente quedará en manos de la Justicia federal, que deberá determinar si existen elementos suficientes para impulsar una causa y eventualmente citar a declarar a los involucrados.
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