27/04/2026
El personal médico y administrativo de un centro de salud en el sur del Conurbano decidió no asistir a sus puestos tras recibir mensajes intimidatorios sobre un posible ataque armado. La situación afecta directamente la atención de cientos de afiliados de PAMI en Argentina.
Una clínica privada ubicada en la localidad de Florencio Varela, conocida por brindar servicios de salud a una gran cantidad de afiliados de PAMI, se vio obligada este lunes a reducir su operatividad al mínimo. Una amenaza de tiroteo masivo circuló entre los trabajadores, provocando que gran parte del personal decidiera no presentarse a trabajar por temor a un ataque violento. El hecho ha generado una profunda preocupación tanto en el ámbito de la seguridad bonaerense como en la comunidad de adultos mayores que dependen de este centro médico.
La alerta se disparó durante las primeras horas de la mañana, cuando se filtraron mensajes intimidatorios que advertían sobre un supuesto ataque armado contra la institución y sus empleados. Ante la falta de garantías de seguridad inmediata, médicos, enfermeros y personal administrativo optaron por el ausentismo preventivo, dejando las guardias y consultorios con una dotación mínima de emergencia.
Este incidente se produce en un contexto social sensible, donde los centros de salud en el Conurbano Bonaerense vienen denunciando un incremento en los hechos de violencia externa e inseguridad. Sin embargo, la especificidad de una amenaza de "tiroteo" eleva la gravedad del conflicto a una escala poco vista en instituciones civiles de Argentina.
Las autoridades de la clínica radicaron la denuncia correspondiente, y la policía local ha dispuesto una custodia en los ingresos del establecimiento. No obstante, el impacto en la atención médica es crítico: cientos de jubilados que tenían turnos programados o requerían atención urgente por parte de PAMI se encontraron con las puertas parcialmente cerradas y una incertidumbre total sobre la reprogramación de sus prestaciones.

La amenaza, que circuló a través de redes sociales y servicios de mensajería, advertía sobre un violento episodio que ocurriría durante la jornada laboral. La polémica radica en la vulnerabilidad de estos centros de salud: los trabajadores exigen que el Gobierno provincial y municipal garantice un cordón de seguridad permanente para retomar las tareas habituales sin riesgo de vida.
El conflicto afecta principalmente a los afiliados de PAMI, la obra social de jubilados y pensionados, quienes representan el grueso de la cápita de esta clínica. Si bien la institución es privada, la interrupción del servicio pone bajo la lupa la red de prestadores del organismo nacional en un momento de crisis económica y alta demanda sanitaria.
Este hecho no es aislado, sino que se suma a una serie de agresiones contra profesionales de la salud. La política de seguridad en las zonas periféricas está siendo cuestionada por los gremios médicos, que advierten que sin presencia policial efectiva, el ausentismo laboral por miedo se convertirá en una constante que desmantelará la salud pública y privada.
Esta decisión de los trabajadores de no asistir ante la amenaza de un ataque armado podría marcar un punto de quiebre en la gestión de la seguridad en centros de salud. No se trata solo de un reclamo salarial o de insumos, sino de la preservación de la vida ante un fenómeno de violencia criminal que parece no tener límites. Si el Gobierno no logra identificar rápidamente el origen de estas amenazas, el "efecto contagio" en otros establecimientos podría paralizar la atención sanitaria en sectores estratégicos del Gran Buenos Aires.
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