27/04/2026
La Justicia porteña avanzó penalmente contra la empresa COSUD y los responsables técnicos del complejo Estación Buenos Aires. El dictamen fiscal sostiene que el colapso de la losa fue producto de vicios estructurales, falta de drenaje y negligencia ante reclamos que datan de 2022.
La investigación por el derrumbe en Parque Patricios, ocurrido en el complejo de viviendas Estación Buenos Aires, dio un giro decisivo este lunes 27 de abril de 2026.
El expediente judicial revela una trama de negligencia técnica y falta de respuestas ante las advertencias de los vecinos. La Fiscalía sostiene que la losa del patio interno cedió debido a una sobrecarga de peso combinada con un sistema de drenaje ineficaz. Esta acumulación de agua minó la resistencia del hormigón de manera progresiva, un proceso que fue documentado en reiterados reclamos formales presentados por la administración del edificio desde hace al menos cuatro años.
En lugar de encarar reformas estructurales de fondo, los imputados habrían ordenado tareas de impermeabilización "parche".
El impacto no es solo técnico, sino también social. El complejo, vinculado originalmente al programa Pro.Cre.Ar y administrado por un fideicomiso del Banco Hipotecario, alberga a miles de personas que hoy temen por la estabilidad de las torres. La imputación alcanza no solo a los directivos de la constructora COSUD, sino también a los responsables del área de postventa, acusados de subestimar el peligro real y concreto de un colapso que finalmente ocurrió.

La Justicia determinó que el derrumbe fue un "colapso anunciado".
¿Quiénes están involucrados en la causa judicial?
Además de la firma COSUD, la investigación apunta a los ingenieros y técnicos que validaron las reparaciones superficiales. También se analiza la responsabilidad del Banco Hipotecario en su rol de administrador del fideicomiso.
Este caso ha reavivado el debate sobre los controles de obra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La oposición porteña y diversas asociaciones civiles reclaman un peritaje integral en todos los complejos de vivienda social financiados por el Estado, advirtiendo que la falta de auditorías preventivas podría ocultar vicios similares en otros barrios.
Este dictamen de la Fiscalía podría marcar un antes y un después en la responsabilidad civil y penal de las constructoras en Argentina. Al calificar el hecho como "no aislado", la Justicia rompe la defensa de la "imprevisibilidad" que suelen utilizar las empresas ante siniestros edilicios. Si la causa avanza hacia un juicio oral, sentará un precedente histórico para que los propietarios de viviendas nuevas puedan exigir reparaciones estructurales ante la primera señal de falla, obligando al Estado y a los privados a elevar los estándares de seguridad y postventa.
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27 de abril de 2026
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