Sin mayorías: el Gobierno extendió las sesiones extraordinarias

El Gobierno prorrogó este viernes las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 15 de febrero, en momentos en que el oficialismo de la Cámara de Diputados aceleraba los contactos informales con ciertos legisladores para "pulir" algunos aspectos de la ley "Bases", con el objetivo de emitir dictamen del proyecto entre lunes y martes de la semana próxima y llevar la iniciativa al recinto el jueves 25, un día después del paro convocado por la CGT.

El gobierno de Milei, muy lejos de poder imponer los paquetazos, tuvo que extender el período de sesiones extraordinarias desde el 1 hasta el 15 de febrero, teniendo en cuenta que el reglamento de Diputados exige que los dictámenes sean firmados 10 días antes del final del período en el cual el Congreso está habilitado para funcionar.

Esta prórroga habilita a que el Senado tenga más margen para trabajar, con un borrador que circula en los despachos de LLA que marca un posible dictamen el 31 de enero y su tratamiento en el recinto el 7 o el 14 de febrero.

El Ejecutivo busca tentar a Diputados de los bloques del PRO, Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal, para avanzar en consensos que permitirían convocar a un plenario de comisiones entre el lunes y martes de la semana próxima.

Este viernes, el jefe de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó los acuerdos entre legisladores del oficialismo y la oposición considerada dialoguista para avanzar en la ley y afirmó que "están por abrir la puerta al poder absoluto" en manos del presidente Javier Milei, al afirmar que "lo hacen en una negociación a espaldas del Congreso".

Según Martínez, con esas modificaciones "algunos bloques le van a permitir que pasen núcleos fundamentales sobre el que se basa el plan económico y político de MIlei".

En declaraciones a Futurock, el jefe de la principal bancada opositora dijo seguir "por los medios" las alternativas de esas negociaciones con los bloques más dialoguistas y el oficialismo y recordó "cuando a principios de semana dijimos que había dos ámbitos de negociaciones: uno formal en las comisiones donde recibimos a entidades y referentes sectoriales, con voces del 85 por ciento en contra y enfrente en el primer piso del despacho del presidente Martín Menem se llevaba adelante una negociación sobre el núcleo neurálgico del proyecto".

Milei, Adorni y demás voceros del gobierno insistieron hasta el cansancio que los decretos y proyectos de ley no iban a ser modificados "ni en una coma" pero no fue así. Los cambios más profundos tendrían que ver con la movilidad jubilatoria, retenciones a las exportaciones, privatizaciones de empresas públicas y facultades delegadas, donde se acotará la emergencia pública solo a un año, con una prórroga por otro año otorgada previamente por el Parlamento.

Otro punto clave del consenso sería eliminar el artículo para ratificar el DNU 70/2023, que se tratará en la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo, aunque esta aún no se conformó porque hay diferencias entre La Libertad Avanza (LLA) y Unión por la Patria (UxP) sobre la cantidad de integrantes que le corresponden al kirchnerismo.

El principio de acuerdo propone limitar el plazo de vigencia de la emergencia solicitada por 4 años a un año, más otro prorrogable por el Poder Ejecutivo (lo que suma dos en total), y se eliminan las facultades delegadas en materia de defensa, social, previsional y sanitaria.

En otro punto el texto dice que se fija en 0% las retenciones para economías regionales, que originalmente se iban a llevar a un 15%, y se elimina la facultad para aumentar los derechos de exportación.

En relación al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se establece como requisito que el Poder Ejecutivo Nacional, para poder liquidar dichos activos (luego de ser transferido al Tesoro), "deberá contar con un dictamen previo favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones".

Sobre las empresas del Estado a privatizar, sólo se excluiría a YPF, aunque el bloque radical también pide dejar al margen al Banco Nación y Arsat.

En materia de producción se prevé un aumento en los cortes obligatorios de bioetanol (hasta alcanzar entre 18% y 27%) y biodiésel (alcanzar en 2026 hasta 15%) y se elimina la posibilidad de libre importación de biocombustibles. También, se elimina la derogación de Ley de Azúcar.

En relación a la cuestión previsional, el ministro del Interior, Guillermo Francos, adelantó en declaraciones públicas que están en estudio "dos o tres alternativas" para fijar los aumentos de los ingresos de los jubilados: dejar la fórmula como está sería una" de esas alternativas y las otras podrían estar vinculadas a 'generar la actualización por algún índice'", como por caso por inflación.