Privatización de AySA en el Conurbano: intendentes y la Provincia denunciaron que la venta por USD 340 millones derivará en aumentos de tarifas

La Gobernación de la provincia de Buenos Aires y un grupo de intendentes del Conurbano formularon este viernes una serie de denuncias públicas y presentaciones administrativas contra la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), concretada por el Gobierno nacional por USD 340 millones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los jefes territoriales e integrantes del gabinete provincial cuestionaron con dureza la valuación fijada para el traspaso de la compañía estatal y advirtieron que el nuevo esquema tarifario impactará con aumentos desmedidos en las boletas mensuales del servicio para millones de hogares. El conflicto abre un nuevo frente de disputa política y fiscal en la República Argentina, enfrentando directamente a la Casa Rosada con la gestión de Axel Kicillof y los municipios bonaerenses por el control y la regulación del agua potable.

Qué pasó con la privatización de AySA y por qué genera polémica la denuncia por el precio y las tarifas

El traspaso de la mayor prestadora de agua y saneamiento del país a un consorcio operador privado desencadenó una inmediata reacción política en el territorio bonaerense. Desde la administración provincial y los municipios del Gran Buenos Aires sostienen que el valor de adjudicación por 340 millones de dólares resulta desproporcionadamente bajo en relación con el patrimonio de la infraestructura sanitaria, las plantas potabilizadoras y el tendido de redes operado por la empresa.

La mayor preocupación de los jefes comunales radica en la quita de subsidios nacionales y la reestructuración del cuadro tarifario anunciada tras la licitación. Según remarcaron referentes del oficialismo bonaerense, el traspaso al sector privado derivará en un incremento en el costo del metro cúbico de agua y de la tasa de red cloacal, afectando la capacidad de pago de las familias trabajadoras y las industrias radicadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Quiénes están involucrados en la controversia política y fiscal en la provincia de Buenos Aires

La contienda desatada por la venta de la firma sanitaria cruza a los principales niveles de la gestión pública en Argentina:

• El Gobierno Nacional y el Ministerio de Economía: Impulsores de la privatización de AySA bajo el premisa de eliminar el déficit operativo, reducir subsidios estatales y atraer inversiones privadas.

• El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires e Intendentes del Conurbano: Encabezan los reclamos contra el precio de la venta, denuncian la falta de participación de las comunas en el pliego y exigen un freno a las subas tarifarias.

• Organizaciones de Usuarios y Gremios del Sector Sanitarios: Entidades que monitorean los alcances del nuevo marco regulatorio y evalúan acudir a la Justicia para frenar el traspaso en el fuero contencioso administrativo.

El impacto político y económico del conflicto por el agua potable en Argentina

La privatización de AySA escala como uno de los principales focos de tensión institucional entre el Poder Ejecutivo Nacional y la provincia de Buenos Aires. La exclusión de la fiscalización municipal dentro del nuevo esquema operativo genera rechazo en los distritos de la primera y segunda sección electoral, donde la ampliación de la red de agua y cloacas dependía en gran medida de las obras públicas financiadas por el Estado.

En el plano económico, las denuncias por el precio de transferencia y las proyecciones de tarifas en alza avivan el debate sobre la inflación y el costo de vida en el Gran Buenos Aires, comprometiendo los presupuestos de gasto familiar y las estructuras de costos del sector comercial bonaerense.

Antecedentes de la disputa por los servicios públicos en la región metropolitana

El traspaso de AySA reactiva el histórico debate sobre la concesión de los servicios básicos en Argentina, recordando las disputas contractuales ocurridas durante la década de los noventa con la antigua Aguas Argentinas y su posterior reestatización en 2006.

Con las denuncias ya formalizadas en el ámbito público y político, la provincia de Buenos Aires y los municipios del Conurbano evalúan coordinar un amparo colectivo para exigir al Ente Regulador de Agua y Sanidad (ERAS) y al Ministerio de Economía la revisión del precio de venta y la suspensión de los incrementos tarifarios previstos para los próximos meses en el territorio argentino.