Celulares en escuelas: privados piden autonomía para aplicar límites

El debate por el uso de celulares en las escuelas bonaerenses sumó un nuevo actor. Los colegios privados reclamaron mayor autonomía para establecer cómo administrar los dispositivos dentro de sus establecimientos y pidieron respaldo normativo para intervenir cuando los estudiantes incumplan las reglas.

El planteo aparece mientras la Legislatura discute una regulación específica para las escuelas secundarias y en momentos en que la aplicación de las restricciones ya establecidas para el nivel primario continúa generando reclamos.

Uno de los problemas planteados por las instituciones es qué pueden hacer concretamente frente a un incumplimiento: desde pedir que un alumno guarde el teléfono hasta retenerlo temporalmente. Sin procedimientos claros, advierten que estas decisiones pueden terminar en conflictos entre docentes, directivos y familias.

Los colegios privados piden autonomía para regular los celulares

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), que reúne a establecimientos educativos de distintas provincias, pidió que cada escuela tenga margen para definir su política sobre los teléfonos de acuerdo con su proyecto institucional. Su secretario ejecutivo, Martín Zurita, sostuvo que una institución debería poder optar entre prohibir su utilización durante determinados momentos o incorporarla bajo condiciones pedagógicas específicas. El reclamo no apunta a eliminar cualquier regulación, sino a que exista un marco general que establezca derechos, responsabilidades y herramientas para actuar frente a los incumplimientos sin obligar a todos los colegios a aplicar exactamente el mismo mecanismo.

Qué pasaría si un alumno utiliza el celular sin autorización

Uno de los puntos todavía abiertos es cómo actuar cuando un estudiante utiliza un dispositivo fuera de las situaciones permitidas. Algunos establecimientos ya implementan teléfonos apagados dentro de las mochilas, cajas comunes al comienzo de la jornada o casilleros individuales, pero las experiencias varían según cada institución. Desde AIEPA plantean que una norma debería especificar qué facultades tienen docentes y directivos y cuáles son los pasos ante una infracción. La preocupación aparece, por ejemplo, cuando se decide retirar temporalmente un equipo: sin un procedimiento previamente acordado, esa medida puede generar cuestionamientos de las familias. La entidad sostiene que las reglas deberían brindar respaldo tanto a los estudiantes como al personal escolar y evitar que cada conflicto tenga que resolverse de manera improvisada.

Cómo avanza la regulación para las escuelas secundarias

El proyecto para regular los celulares en las escuelas secundarias bonaerenses, identificado como expediente D-2370/24-25, propone limitar el uso de teléfonos y otras pantallas en establecimientos públicos y privados. La regla general apunta a que no sean utilizados durante la actividad educativa, salvo cuando exista una autorización vinculada con objetivos pedagógicos. Diputados había aprobado la iniciativa en diciembre de 2025 y el Senado la trató el 6 de octubre de 2026, pero introdujo modificaciones. Por ese motivo, el expediente debe regresar a la Cámara de Diputados para que acepte o rechace esos cambios antes de que pueda convertirse definitivamente en ley.

Qué ocurre con la ley que ya regula los celulares en primaria

Para el nivel primario ya existe la Ley 15.534, sancionada el 18 de septiembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 14 de octubre del mismo año. La norma dispone que los alumnos de escuelas públicas y privadas no utilicen pantallas durante la jornada educativa salvo cuando exista un requerimiento o autorización expresa del docente con fines pedagógicos. También ordenó al Poder Ejecutivo reglamentarla dentro de un plazo de 180 días y previó campañas de concientización sobre los efectos de la exposición a pantallas. Sin embargo, durante septiembre de 2026 el senador Emmanuel González Santalla, uno de los impulsores de la ley, reclamó públicamente que la Provincia avanzara con su implementación efectiva y con los procedimientos necesarios para llevarla a las aulas.

Distracción, apuestas y violencia digital amplían el debate

La discusión ya no gira solamente alrededor de si un teléfono distrae durante una clase. El crecimiento de las apuestas online, el ciberacoso, la difusión de imágenes sin consentimiento y otras formas de violencia digital llevó a que la regulación de pantallas se vincule con problemas más amplios de convivencia escolar. En paralelo, el Senado bonaerense aprobó con modificaciones la denominada Ley Ema, que propone herramientas de prevención y abordaje de la violencia digital dentro de las instituciones educativas. Distintas escuelas, además, comenzaron a desarrollar soluciones propias para reducir la dependencia de los dispositivos, desde espacios de guarda hasta actividades que recuperan materiales físicos como libros y diccionarios.

El punto central que ahora deberá resolver la Provincia es cómo transformar las restricciones generales en reglas que puedan aplicarse todos los días. No alcanza con establecer cuándo puede usarse un celular: las escuelas también necesitan saber qué hacer cuando esa regla se incumple, qué margen tienen los docentes y cómo deben intervenir las familias.

Mientras el proyecto para secundaria vuelve a Diputados y continúan los pedidos para implementar plenamente la normativa de primaria, el reclamo de los colegios privados agrega otra dimensión al debate: establecer límites comunes sin quitar a cada institución la posibilidad de adaptarlos a su realidad educativa.