27/12/2025
El lote 31202 quedó bajo alerta sanitaria nacional. La investigación federal avanza sobre responsabilidades empresarias y controles fallidos, mientras familias reclaman respuestas por pérdidas irreparables.
La Justicia investiga 173 fallecimientos vinculados al fentanilo
El lote 31202 quedó bajo alerta sanitaria nacional
Dos laboratorios y sus directivos figuran procesados
ANMAT dictó prohibiciones y clausuras preventivas
Familiares sostienen marchas y pedidos de condena
A mediados de mayo, en un contexto de dolor colectivo, la Justicia Federal informó el inicio de una investigación que expuso fallas de control, protocolos incumplidos y la actuación de dos laboratorios privados. Desde entonces, familiares de más de 173 personas fallecidas buscan determinar si sus muertes guardan relación con el fentanilo contaminado.
La pesquisa involucra a Ariel García Furfaro y a accionistas de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo S.A., quienes permanecen detenidos y procesados. El expediente describe uno de los episodios sanitarios más graves registrados en la Argentina.

La presentación inicial se radicó en abril por el Hospital Italiano de La Plata. La institución alertó sobre la presencia de dos bacterias -Klebsiella pneumoniae y Ralstonia spp- en ampollas de fentanilo suministradas a pacientes, un hallazgo que podría vincularse con múltiples fallecimientos ocurridos en el establecimiento.
La causa quedó en manos del Juzgado Federal Nº3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, con intervención de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

El 8 de mayo, la ANMAT emitió una alerta para suspender el uso del lote 31202 de fentanilo producido por HLB Pharma por "encontrarse en investigación por desvío de calidad". Días después, el organismo prohibió su uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional y ordenó el recupero del producto, distribuido en más de 300 hospitales.
De un total de 154.530 ampollas, el 27,5% fueron administradas a pacientes. Las autoridades informaron que no existen frascos sin ubicación confirmada. También se dispuso la inhibición de producción en HLB Pharma y en Laboratorios Ramallo S.A., donde se elaboraron las ampollas.

Como primeras medidas contra 24 acusados, la Justicia ordenó la inhibición de bienes y prohibiciones de salida del país. Durante allanamientos, en la empresa Cables Epuyén SRL -vinculada a un familiar de García Furfaro- se encontraron 29 pallets de medicamentos, entre ellos diclofenac y paracetamol.
En el predio de Laboratorios Ramallo S.A. se detectó una gran cantidad de ampollas de fentanilo acumuladas en un patio, lo que derivó en la preservación del lugar y la intervención del Ministerio de Medio Ambiente bonaerense.
Las pericias posteriores determinaron que la contaminación era conocida, que no existieron controles adecuados y que el opioide adulterado se administró a pacientes que fallecieron tiempo después.

El 20 de agosto, el juez dispuso la detención de García Furfaro, sus familiares directos, accionistas y personal técnico. El empresario quedó señalado como "coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales" por provocar la muerte de 20 personas, "en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor".
Según el expediente, intervino junto a otros integrantes de ambas firmas en decisiones vinculadas con la fabricación, distribución y venta del lote 31202, "destinado al uso público sanitario".
El escrito judicial sostiene: "Las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas".

Durante el proceso se incorporaron declaraciones de acusados y empleados de los laboratorios. Varios testimonios confirmaron que la contaminación era conocida y que se omitieron advertencias para no afectar las ventas.
Un informe del Cuerpo Médico Forense indicó que en 38 de 40 muestras analizadas la administración del opioide contaminado "fue clave en el desenlace fatal de los pacientes". En los dos casos restantes no se logró establecer un vínculo directo.

En paralelo, el Congreso conformó una comisión especial que presentó su informe final el 2 de diciembre. El documento concluyó que el Estado no garantizó la trazabilidad del fentanilo ni un control efectivo de los laboratorios, y señaló ocultamientos, documentación armada con posterioridad y respuestas tardías de los organismos de control.
Mientras la causa avanza, los familiares continúan con marchas en ciudades como La Plata y Rosario para mantener visible el reclamo de justicia por las víctimas de la crisis sanitaria.
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