Inocencia fiscal: el Senado debate el proyecto para "sacar los dólares del colchón"

El Senado tratará este viernes el proyecto de Inocencia Fiscal, una de las apuestas centrales del Ejecutivo para incentivar el uso de ahorros no declarados y reactivar la actividad económica. La propuesta, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación, se inscribe en la estrategia de competencia de monedas que impulsa el gobierno de Javier Milei y busca modificar de manera sustancial el Régimen Penal Tributario.

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EL OBJETIVO DEL PROYECTO Y SU ALCANCE

La iniciativa no elimina impuestos ni borra antecedentes fiscales, y tampoco introduce cambios en la Ley de Prevención del Lavado de Activos ni en las atribuciones de la Unidad de Información Financiera. Su finalidad es acotar la presión penal y administrativa sobre contribuyentes de "buena fe" y focalizar los controles en maniobras consideradas graves y dolosas.

Desde el oficialismo sostienen que el proyecto apunta a generar previsibilidad y confianza, en un contexto donde una parte significativa del ahorro permanece fuera del circuito formal. El trasfondo es favorecer una remonetización de la economía sin recurrir a nuevos impuestos ni a blanqueos tradicionales.

Javier Milei y Caputo llegan al 2026 necesitados de dólares.

EL PRINCIPIO DE INOCENCIA FISCAL

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la incorporación del principio de Inocencia Fiscal. La norma parte de la premisa de que el contribuyente debe ser considerado cumplidor, salvo que exista prueba en contrario.

En la práctica, esto implica que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero no podrá denunciar automáticamente ante la Justicia penal todos los casos en los que detecte inconsistencias, especialmente cuando se trate de diferencias interpretativas, cuestiones técnico-contables o presunciones legales sin otros elementos probatorios.

NUEVOS UMBRALES PARA LOS DELITOS TRIBUTARIOS

El proyecto actualiza de manera significativa los montos a partir de los cuales una infracción tributaria pasa a ser considerada delito penal. El umbral para la evasión simple se eleva de $1,5 millones a $100 millones, mientras que el de evasión agravada sube de $15 millones a $1.000 millones.

Según el Gobierno, esta actualización busca adecuar la legislación a la inflación acumulada y evitar la judicialización de casos de menor entidad, concentrando los recursos del Estado en hechos de mayor gravedad económica.

EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y PLAZOS

Otro punto relevante es la posibilidad de extinguir la acción penal. Si una causa ya fue iniciada, el contribuyente podrá cerrarla pagando la totalidad de la deuda más un adicional del 50%, siempre que lo haga dentro de los 30 días. Este beneficio solo podrá utilizarse una vez por persona o empresa.

Además, el proyecto establece que cuando prescriben las facultades del Estado para determinar o exigir un tributo, también se extingue la persecución penal asociada. De este modo, se busca alinear los plazos administrativos con los penales.

El senado también debate el Presupuesto 2026.

CAMBIOS EN LA PRESCRIPCIÓN FISCAL

La iniciativa introduce un nuevo esquema de prescripción de tres, cinco o diez años, según el nivel de cumplimiento del contribuyente. Para quienes cumplan regularmente, el plazo general se reduce de cinco a tres años, mientras que para los no inscriptos se mantiene en diez.

Asimismo, se elimina la suspensión automática de la prescripción por el inicio de una determinación de oficio, lo que obliga al fisco a actuar dentro de plazos más acotados y definidos.

GANANCIAS SIMPLIFICADO Y FACILIDADES

El proyecto también crea un Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, al que podrán adherir personas físicas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio inferior a $10.000 millones.

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En este esquema, el impuesto se calculará sobre la facturación y no sobre la evolución patrimonial. La declaración será confeccionada por el propio organismo recaudador con la información disponible, y quienes paguen en término quedarán liberados de otras obligaciones formales, salvo en casos de errores graves.