En todo conflicto, la verdad suele ser la primera víctima

Vivimos en una época donde ya no se disputa sólo el poder político, sino el control del sentido común. La discusión pública fue reemplazada por operaciones discursivas cuidadosamente diseñadas por quienes concentran poder económico real. No intentan convencer: buscan imponer. No debaten: colonizan. Se infiltran en instituciones, financian relatos y moldean percepciones con la certeza de que una sociedad puede ser derrotada sin disparar un solo tiro, apenas erosionando su confianza, su trabajo y su cohesión.

La sociedad argentina no abandonó la idea de justicia social; abandonó a quienes la proclamaban mientras administraban su deterioro. El resultado es una democracia emocionalmente agotada, donde la polarización constante reemplaza al debate y el Estado dejó de percibirse como herramienta colectiva para convertirse en un botín de guerra. En ese terreno fértil, el pensamiento crítico se desploma y el discurso público se vuelve cada vez más primario, más visceral y más fácil de manipular.

En ese vacío prosperó una narrativa funcional al poder económico: la política es inútil, el mercado es infalible y los empresarios son los únicos generadores legítimos de riqueza. Así, mientras el capital se disfraza de racionalidad técnica, la política es reducida a caricatura y demonizada como "casta". El mensaje es claro, gobernar debe ser un privilegio de gerentes, financistas y dueños de conglomerados.

Este corrimiento no es sólo cultural, es estructural ya que el viejo reformismo social internacional fue sustituido por un entramado difuso de intereses globales que condicionan decisiones nacionales sin someterse jamás al control democrático. No hay conspiraciones cinematográficas, sino algo mucho más eficaz: lobbies persistentes, presiones financieras y decisiones tomadas en mesas donde la ciudadanía nunca fue invitada.

Argentina ofrece un laboratorio perfecto, cada crisis repite el mismo guion: cuando hay ganancias, se privatizan; cuando hay pérdidas, se socializan; el empresario acumula y el trabajador paga la cuenta.

Una vez que esto sucede hay cientos de miles de despedidos y se sabe que un individuo sin función no tiene lugar ni acceso a una vida digna y mucho menos cuando estos están atados a las personas y no a las propuestas o programas porque todos saben que los privilegios lo tienen los que están bajo el amparo del estado. Y el Estado de hoy lo configura un presidente sin estructura con una estructura que tiene un presidente.

Mientras la oposición solo se limita a hacer revisionismo forense en vez de hacer un diagnóstico real y concreto sobre lo que acontece se empecina en trabajar sobre lo que ya pasó y está muerto. Por su lado la gente en su desesperación se vuelca a discursos y a candidatos salvacionistas, principalmente aquellos políticos (demagogos asalariados) que ejercen la logomaquia, en sí, sobre aquellos que hablan sin definir nada. De igual forma gran parte del sindicalismo en vez de proyectarse sobre la rica historia y gloria que posee en la argentina desplaza a esta por estos nuevos gurúes.

El patrón del rescate eterno y el despido seguro

Javier Madanes Quintanilla ilustra esta lógica con precisión quirúrgica. Dueño de FATE y Aluar, su expansión estuvo históricamente atada a decisiones estatales. En los años ochenta, la estatización de deudas privadas por más de doscientos millones de dólares trasladó al conjunto de la sociedad costos que nunca generó. El patrón quedó establecido: el Estado como sostén, el riesgo como patrimonio colectivo y la ganancia como derecho privado.

Esta práctica continuó, en 2016 bajo el gobierno de Mauricio Macri, en el intento de despedir 500 trabajadores del "turno rojo" terminó generando beneficios empresariales mientras el conflicto recaía sobre los asalariados. Lejos de ser excepcional, el ajuste se volvió método, nuevamente recortes en 2019, nuevas tensiones entre 2021 y 2022, y al mismo tiempo ventajas comerciales durante la presidencia de Alberto Fernández mediante medidas que protegieron su producción frente a importaciones.

La historia volvió a repetirse en 2024, cuando la firma invocó crisis ante la administración de Javier Milei. El argumento fue el de siempre, costos altos, mercado en baja, necesidad de reestructuración. La traducción concreta también: despidos, presión sindical y negociación con el Estado. Hoy, en 2026, el libreto vuelve a escena con cientos de cesantías que parecen meros resultados de una emergencia que de una estrategia. La crisis, en este esquema, no es accidente, es una herramienta.

Porque el poder económico no sólo busca rentabilidad, busca disciplinamiento. El conflicto permanente no es un error del sistema, es su combustible, generar incertidumbre, desgastar la resistencia colectiva y naturalizar el sacrificio ajeno son formas de gobierno tan efectivas como invisibles.

Cuando el ajuste golpea siempre al mismo sector, deja de ser diagnóstico y pasa a ser doctrina y esa doctrina atraviesa buena parte del empresariado local, que exige rescates cuando pierde y predica meritocracia cuando gana.

La responsabilidad social empresaria se disuelve en balances prolijos y comunicados vacíos, los mismos sectores que reclamaron solidaridad estatal en 2002 hoy responden con despidos, especulación y presión política.

Para el capital concentrado, esperar suele ser rentable, pero para el trabajador la espera se mide en angustia, deuda y miedo al despido. Si la crisis se convierte en negocio, entonces el ajuste deja de ser una respuesta económica para convertirse en una decisión política y cuando eso ocurre, el problema ya no es la coyuntura, es el modelo.