El Gobierno cede un predio en la ex ESMA a los fiscales de Comodoro Py

En el marco de un fuerte recorte presupuestario sobre las áreas vinculadas a los derechos humanos, el Ministerio de Justicia de la Nación decidió ceder un edificio del predio de la ex ESMA para que sea utilizado por los fiscales federales que actúan en Comodoro Py.

A través de un comunicado oficial, el ministro Mariano Cúneo Libarona informó que "en el contexto de la implementación del Código Procesal Penal Federal prevista para el 11 de agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha puesto a disposición un inmueble de más de 5.000 metros cuadrados en la ex ESMA para el uso de los fiscales federales". Además, sostuvo que "los espacios anteriormente destinados a programas ideológicos ahora serán utilizados en la lucha contra la inseguridad".

Pese a lo expresado por el funcionario, se trata de un edificio que se encuentra desocupado desde hace varios años. Allí funcionaban el casino de aspirantes y la cantina durante la última dictadura. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el entonces ministro Germán Garavano dispuso su remodelación y lo nombró "Edificio Raúl Alfonsín" con la intención de trasladar allí parte del Ministerio de Justicia, objetivo que no se concretó tras la derrota electoral de 2019.

La gestión y destino de los edificios ubicados en las 17 hectáreas del predio, situado en el barrio de Núñez, está bajo la órbita del Ente Público Espacio Memoria y Derechos Humanos, un organismo integrado por el Estado nacional, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos.

Durante una reunión del órgano ejecutivo del Ente realizada esta semana, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, solicitó autorización para que en ese edificio se instalen oficinas de la Procuración General. Las organizaciones participantes del directorio establecieron condiciones para avalar el traslado: que no se utilice el espacio para alojar personas detenidas, que se informe con precisión la finalidad específica de uso, el número de personas que trabajarán allí y las medidas de seguridad y preservación patrimonial. La representación de la Ciudad no participó del encuentro, por lo que todavía restan completar instancias administrativas antes de su puesta en marcha efectiva.

La cesión del edificio se interpreta como un intento del ministro Cúneo Libarona de suavizar el descontento que generó entre los fiscales federales la forma en que el Ejecutivo impulsa la implementación del nuevo sistema acusatorio. En una nota enviada recientemente al procurador interino Eduardo Casal, los fiscales expresaron su malestar por la falta de coordinación institucional y advirtieron que el contexto actual "está lejos de ser prometedor".

La decisión ocurre en simultáneo con un proceso de desmantelamiento de las políticas públicas en derechos humanos. En la ex ESMA, bajo el argumento de realizar una auditoría, se han demorado o suspendido los pagos a trabajadores y se frenaron casi todas las actividades. Además, la Secretaría de Derechos Humanos fue degradada a rango de subsecretaría, lo que implicó la disolución de su estructura organizativa y dejó sin conducción a instituciones clave como el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de Memoria ESMA. Ambas dependencias fueron reubicadas bajo la órbita del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), en lo que se interpreta como una clara pérdida de jerarquía.

Estas transformaciones, sumadas a la pérdida de autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos, forman parte del anunciado plan de reducción del aparato estatal. También se prevé el despido de aproximadamente el 30% del personal restante en el área. Desde la asunción de Javier Milei, ya fueron despedidos más de 400 trabajadores de la Secretaría, lo que representa la mitad de su planta.

Esto supuso el cierre o vaciamiento de áreas enteras, como el equipo de comunicación, la oficina de querellas en juicios de lesa humanidad -que hoy cuenta con un solo abogado para los casos de Capital y San Martín-, el programa Verdad y Justicia, el Museo Sitio, donde fue desvinculado más del 40% del personal, y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que también fue cerrado.