17/10/2026
La investigación incluyó 37 allanamientos en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. Secuestraron siete vehículos sanitarios, sellos profesionales y documentación médica. Los sospechosos son investigados por presuntas maniobras contra organismos públicos y obras sociales.
Una organización acusada de brindar atención médica ilegal y defraudar al Estado y a obras sociales fue desbaratada tras una serie de 37 allanamientos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El operativo terminó con nueve personas detenidas, otras veinte aprehendidas y el secuestro de siete ambulancias, documentación médica y numerosos elementos utilizados para simular prestaciones sanitarias.
La red, que tenía su base en Florencio Varela, habría ofrecido traslados de pacientes, atención domiciliaria y servicios de emergencia mediante vehículos acondicionados parcialmente como ambulancias y personal que presuntamente ejercía funciones sanitarias sin las habilitaciones correspondientes.
De acuerdo con la investigación, la organización habría facturado prestaciones médicas que nunca se realizaron o que fueron ejecutadas por personas sin matrícula habilitante. Entre las entidades mencionadas en las maniobras investigadas figuran PAMI, IOMA y Osuthgra.
La causa está a cargo del fiscal Darío Provisionato, con intervención del juez de garantías Marcelo Villagra. La investigación continúa para determinar el grado de participación de cada sospechoso y establecer si existen otros integrantes de la organización.

La investigación comenzó en enero de 2026, a partir de tareas destinadas a identificar a los integrantes de una estructura dedicada a la atención domiciliaria y al traslado de pacientes hacia hospitales y centros especializados.
Según las actuaciones, la organización ofrecía servicios sanitarios a través de vehículos ploteados como ambulancias y de personas que habrían desempeñado tareas de choferes, enfermeros y médicos sin contar con las habilitaciones o matrículas necesarias.
Los investigadores sostienen que los pacientes eran captados mediante maniobras engañosas. Además, algunas de las prácticas realizadas en ese contexto habrían agravado sus patologías, un aspecto que forma parte de los hechos bajo investigación.
La estructura habría recurrido a mecanismos de intermediación para conseguir contratos o prestaciones tercerizadas vinculadas con obras sociales. De esa manera, presuntamente obtenía ingresos por servicios cuya realización y condiciones de prestación son cuestionadas en la causa.

Uno de los ejes de la investigación es la supuesta facturación irregular de prestaciones médicas. Según la hipótesis judicial, la organización habría presentado cobros por traslados, emergencias y atenciones domiciliarias que no se habían realizado o que habían sido ejecutados por personas sin habilitación profesional.
Entre las entidades mencionadas en las actuaciones se encuentran PAMI, IOMA y Osuthgra. Los investigadores buscan establecer cómo se gestionaban las prestaciones, qué documentación se presentaba para respaldarlas y quiénes intervenían en los circuitos de facturación.
La causa también apunta a determinar el recorrido del dinero obtenido mediante las presuntas maniobras. Según la investigación, se habrían utilizado sociedades pantalla y empresas fantasma para incorporar esos fondos al circuito comercial mediante contratos simulados y balances adulterados.
Además, se investiga la posible tramitación de habilitaciones fraudulentas ante organismos de control.

Uno de los aspectos centrales del expediente es la presunta participación de profesionales de la salud que sí contaban con matrícula, pero que habrían facilitado sus nombres, números profesionales y sellos a cambio de pagos periódicos.
De acuerdo con la hipótesis investigativa, esos elementos eran utilizados para confeccionar historias clínicas, validar diagnósticos y firmar recetas de medicamentos, lo que permitía presentar documentación con apariencia de legitimidad.
La maniobra habría facilitado que personas sin la habilitación correspondiente realizaran prácticas médicas y que determinadas prestaciones quedaran respaldadas por documentación atribuida a profesionales matriculados.
La verificación de una matrícula puede realizarse mediante los registros oficiales disponibles, entre ellos el Buscador Nacional de Profesionales de la Salud, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. La herramienta permite consultar información registrada a partir de datos suministrados por colegios y ministerios de todo el país a través de la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud.
A partir de las pruebas reunidas, la Justicia ordenó 37 allanamientos en Lomas de Zamora, Avellaneda, Quilmes, Tres de Febrero, Berazategui, La Plata y la Ciudad de Buenos Aires.
La investigación incluyó la intervención de 13 líneas telefónicas, que generaron más de 30.000 horas de escuchas. Esas tareas se complementaron con el análisis de celdas de antenas y herramientas de geolocalización dinámica para reconstruir recorridos y establecer posibles puntos de actividad de la organización.
Según las actuaciones, de las conversaciones interceptadas también surgieron referencias a la posible presencia de estupefacientes para consumo personal, armas de fuego y herramientas presuntamente utilizadas para el corte de automotores en determinados domicilios.
Durante los procedimientos se incautaron:
Siete ambulancias y varias motocicletas.
Autopartes y 57 teléfonos celulares.
Dos computadoras.
22 sellos médicos y un sello de contadora.
65 sellos correspondientes a distintas instituciones médicas.
22 talones de recetarios médicos y cinco formularios de evaluación médica.
Estetoscopios, instrumentos quirúrgicos, indumentaria sanitaria y otros insumos.
También se encontró documentación vinculada con la firma Serca Omni Salud S.A., incluidos recetarios de PAMI y planillas de precios de Swiss Medical.
Los elementos secuestrados serán relevantes para analizar la documentación utilizada, reconstruir las operaciones investigadas y establecer qué personas habrían intervenido en cada una de las maniobras.
Según la información del caso, los principales referentes de la presunta organización eran una pareja de nacionalidades peruana y argentina.
El resto de la estructura habría estado integrado por personas de distintas nacionalidades que presuntamente ejercían ilegalmente la medicina, además de una contadora pública que estaría vinculada con las maniobras investigadas.
Los investigadores buscan determinar las funciones que cumplía cada integrante, desde la captación de pacientes y la prestación de servicios hasta la elaboración de documentación y el manejo de los ingresos.
El resultado de los allanamientos fue de nueve detenidos y veinte aprehendidos. Estas situaciones procesales no equivalen a una condena y la responsabilidad de cada persona deberá establecerse en el marco de la investigación judicial.
La causa está caratulada como asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina por préstamo de nombre y usurpación de títulos y honores.
La investigación busca establecer si existió una estructura organizada para ofrecer prestaciones sanitarias irregulares, utilizar documentación profesional ajena y obtener dinero mediante la facturación de servicios médicos cuestionados.
El expediente también apunta a determinar la posible participación de empresas y profesionales en los mecanismos de intermediación, facturación y circulación de fondos.
Con la investigación todavía en curso, la fiscalía procura reconstruir el funcionamiento completo de la red, identificar a todos sus integrantes y precisar el alcance de las presuntas maniobras contra el Estado y las obras sociales.
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