Privatización de AySA en Argentina: se profundiza la disputa judicial y política por el futuro de las obras y las garantías del servicio

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires exigió este viernes ante la Justicia medidas urgentes en el marco de la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) en Argentina, en medio de un feroz litigio por las garantías del servicio esencial y la ejecución de obras pendientes. La controversia cobra trascendencia institucional y social ya que la transferencia de la concesión abarca la provisión de agua potable y red de cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, afectando de manera directa el servicio de más de 14 millones de habitantes.

?El avance en el proceso de venta del 90% del paquete accionario de la compañía estatal abrió una fuerte disputa legal e institucional. La principal discrepancia radica en el cumplimiento de una medida cautelar vigente y en el pliego de condiciones sobre quién absorberá los costos de las obras de infraestructura básica iniciadas o comprometidas en la región metropolitana.

?Desde organismos provinciales y sectores de la oposición reclaman que la licitación no puede desentenderse de los proyectos de saneamiento paralizados ni de la continuidad del Plan Director. La gran incógnita de intendentes y vecinos del conurbano bonaerense es si el consorcio adquirente mantendrá los niveles de inversión en ampliaciones de red o si el ajuste derivará en una interrupción de los trabajos en áreas vulnerables.

?Quiénes están involucrados en el conflicto por la concesión del agua

?La contienda enfrenta de manera directa al Gobierno nacional -que impulsa la desestatización y venta de acciones de las empresas públicas- con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, encabezada por Guido Lorenzino, intendentes bonaerenses y la Justicia provincial y federal. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires interviene para definir aspectos de competencia contencioso-administrativa vinculados a los amparos presentados.

?En el plano corporativo, la adjudicación proyectada involucra al consorcio privado -integrado por empresas como Rowing, Arcos Saneamento y Transclor-, el cual deberá asumir compromisos de operación técnica e inversión, mientras que el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) retiene el 10% restante del accionariado bajo el régimen de propiedad participada.

?El impacto político de la medida en el conurbano bonaerense y los pasivos ambientales

?El área de concesión de AySA abarca distritos densamente poblados como La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes, Avellaneda, Lanús, Moreno, Merlo, Morón, Tigre y San Isidro, donde las deficiencias de infraestructura sanitaria impactan en la salud pública. El reclamo judicial hace especial hincapié en las garantías financieras para el mantenimiento, el saneamiento de las cuencas hidráulicas (incluyendo el Sistema Riachuelo) y el pasivo ambiental que arrastran distintas plantas operativas.

?El planteo técnico advierte que, si bien el pliego fija pautas generales de regulación y control estatal, el traspaso del control directivo exige fijar responsabilidades legales claras ante eventuales cortes de suministro, deterioros en la calidad del agua potable o demoras no justificadas en el plan de obras públicas del sector.