16/10/2026
Familias de una comunidad educativa radicaron la denuncia penal tras descubrir que un grupo de estudiantes alteraba rostros de alumnas mediante inteligencia artificial para comercializar los montajes explícitos en chats. La Justicia investiga la venta digital y los delitos cibernéticos en el fuero de menores.
Padres y tutores de un grupo de estudiantes secundarias radicaron este viernes una nueva denuncia penal tras descubrirse que un grupo de alumnos utilizaba aplicaciones de inteligencia artificial (IA) para crear, distribuir y vender fotografías trucadas de sus compañeras desnudas en una escuela de la provincia de Buenos Aires. La maniobra fue al descubierto cuando varias alumnas detectaron que sus imágenes personales, tomadas de redes sociales, eran procesadas con software de edición digital de desnudos (deepfakes) para luego comercializarse por montos de dinero en chats privados de mensajería instantánea. El caso adquiere una trascendencia institucional y penal de máxima gravedad en la República Argentina, al encender la alerta sobre el ciberacoso escolar, el mal uso de la inteligencia artificial por menores y la vulneración de derechos de las adolescentes.
El hecho salió a la luz cuando una de las adolescentes afectadas alertó a sus padres sobre la circulación de montajes fotográficos de índole explícita donde figuraba su rostro sobre cuerpos desnudos generados mediante inteligencia artificial. Según consta en las actuaciones policiales iniciadas en la jornada de hoy, los alumnos implicados editaban las imágenes solicitadas por otros compañeros, cobrando sumas de dinero en efectivo o mediante transferencias a billeteras virtuales por cada paquete de fotos trucadas.
La situación provocó una inmediata asamblea de padres frente al establecimiento educativo bonaerense para exigir la suspensión de los involucrados y la intervención directa del equipo directivo. Las familias denunciaron que los chicos no solo consumían el material, sino que montaron un esquema de comercialización dentro del colegio, afectando la integridad psicológica, el honor y el derecho a la intimidad de al menos una docena de alumnas menores de edad.
La causa penal por violencia digital y ciberacoso escolar moviliza a diversos estamentos judiciales y educativos de la Argentina:
Los alumnos involucrados y las víctimas: Estudiantes de nivel secundario que sufrieron la clonación de imagen y los adolescentes señalados como creadores y comercializadores del contenido explícito con IA.
El Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y la Fiscalía de Ciberdelitos: Organismos judiciales a cargo de incautar los dispositivos móviles, realizar peritajes informáticos e identificar a los compradores de los archivos.
Directivos escolares y la Jefatura Distrital de Educación: Autoridades encargadas de aplicar los protocolos de contención, dictar medidas disciplinarias y brindar asistencia psicológica a las damnificadas.
El escándalo registrado en la provincia de Buenos Aires reavivó de forma urgente el debate en el Congreso de la Nación sobre la necesidad de actualizar la legislación penal en la República Argentina respecto de la difamación digital y la creación no consentida de contenido íntimo mediante inteligencia artificial (deepfake).
Diversos legisladores y especialistas en derecho informático advirtieron que los vacíos normativos vigentes dificultan la tipificación directa de la comercialización de desnudos sintéticos cuando no intervienen imágenes reales de pornografía infantil, obligando a encuadrar los hechos bajo las figuras de hostigamiento digital, extorsión o delitos contra el honor de las personas.
Los casos de manipulación de fotos con herramientas de IA en entornos educativos cuentan con antecedentes recientes en varias provincias del país, lo que motivó a los ministerios de Educación a delinear guías de prevención de la violencia digital y uso responsable de la tecnología en las aulas.
Tras la formalización de las denuncias en sede judicial durante las últimas horas, la Fiscalía de Ciberdelitos ordenó el resguardo de las pruebas digitales en los teléfonos celulares de los acusados y citó a los padres de los imputados a declarar en la causa en Argentina.
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16 de octubre de 2026