Hizo un reclamo por redes sociales, le vaciaron la cuenta en dólares y la Justicia condenó al Banco Provincia

Una mujer de 40 años de La Plata fue víctima de una ciberestafa cuando intentaba resolver un problema de facturación de una empresa telefónica y terminó perdiendo sus ahorros en dólares. Tras más de tres años de reclamos, la Justicia confirmó una condena contra el Banco Provincia y ordenó indemnizarla con $5 millones, además de restituir los US$ 1.661 sustraídos con intereses.

La Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata rechazó la apelación de la entidad bancaria y ratificó una sentencia de primera instancia que cuestionó sus mecanismos de seguridad y la falta de respuestas preventivas frente a movimientos sospechosos.

El fallo también destacó que las operaciones se realizaron en pocos minutos y que la clienta advirtió lo que sucedía mientras todavía se registraban transferencias.

Cómo fue la estafa virtual que comenzó con un reclamo por una factura

El episodio ocurrió el 9 de noviembre de 2022, cuando la mujer buscó solucionar un inconveniente de facturación con una empresa telefónica.

Durante el intento de reclamo, fue derivada desde WhatsApp a un supuesto canal de atención al cliente en Twitter. Allí entró en contacto con delincuentes que se hicieron pasar por representantes del servicio y le indicaron que debía activar el débito automático mediante el token de seguridad de su cuenta bancaria.

Convencida de que estaba realizando un trámite legítimo, la víctima proporcionó sus credenciales de home banking y los códigos de seguridad en dos oportunidades.

Los estafadores aprovecharon esa información para vender los dólares que tenía ahorrados y transferir los fondos a cuentas de terceros. También se registraron movimientos por $278.500.

El caso expuso los riesgos de los falsos canales de atención al cliente en redes sociales, donde los delincuentes pueden aprovechar una consulta genuina para obtener datos bancarios y concretar operaciones fraudulentas.

Las transferencias sospechosas que quedaron bajo la lupa judicial

Uno de los aspectos centrales del expediente fue la rapidez con la que se realizaron las operaciones y la ausencia de mecanismos preventivos eficaces para detectar el fraude.

Según la pericia informática incorporada a la causa, las transacciones se concretaron en menos de 15 minutos desde una dirección IP localizada en Córdoba y tuvieron como destino cuentas de personas de esa provincia que no registraban operaciones previas con la clienta.

Los movimientos comenzaron a las 10.07. Ocho minutos después, a las 10.15, la mujer llamó al banco para advertir lo que estaba ocurriendo, mientras todavía se registraban operaciones.

Sin embargo, el sistema no logró impedir ni demorar eficazmente las transferencias restantes. La investigación también detectó movimientos sucesivos sin alertas preventivas suficientes ni bloqueos que permitieran interrumpir la operatoria.

Para los camaristas, esos elementos resultaron relevantes al evaluar si la entidad había cumplido con sus obligaciones de seguridad y prevención del fraude.

Por qué la Justicia responsabilizó al Banco Provincia

La Cámara rechazó el argumento de que la entrega de claves y códigos por parte de la clienta bajo engaño fuera suficiente para eximir automáticamente al banco de responsabilidad.

Los jueces consideraron que las entidades financieras deben contar con herramientas capaces de identificar operaciones inusuales y adoptar medidas preventivas ante movimientos que se aparten del comportamiento habitual de sus clientes.

En este caso, el fallo cuestionó que no se hubieran activado alertas eficaces ni bloqueos, pese a la sucesión de transacciones en un período breve.

La resolución también valoró que la mujer denunció rápidamente lo sucedido y que la entidad rechazó su reclamo sin ofrecer explicaciones suficientes.

De acuerdo con los fundamentos de la sentencia, los controles de acceso no permitían identificar adecuadamente a la persona que operaba ni establecer una vinculación suficiente con las cuentas de destino.

Cuánto deberá pagar el banco por la ciberestafa

La sentencia confirmó una indemnización total de $5 millones, distribuida en dos conceptos: daño moral y daño punitivo. A esa suma se agrega la restitución de los dólares sustraídos, con un interés anual del 6%.

• $3 millones por daño moral: los jueces tuvieron en cuenta la pérdida de los ahorros y los más de tres años de reclamos que debió afrontar la víctima.

• $2 millones por daño punitivo: la suma se fundamentó en los incumplimientos vinculados con las obligaciones de seguridad y en la respuesta posterior de la entidad bancaria.

• US$ 1.661 más intereses: el banco deberá restituir el dinero sustraído, con una tasa anual del 6%.

El daño moral contempla las consecuencias que el episodio provocó en la damnificada, mientras que el daño punitivo busca sancionar determinadas conductas graves de proveedores en el marco de las relaciones de consumo y desalentar su repetición.

La Cámara también impuso las costas de la apelación al Banco Provincia, por lo que la entidad deberá afrontar los gastos correspondientes a esa instancia judicial.

Qué tener en cuenta para evitar una estafa por redes sociales

El caso muestra cómo un reclamo cotidiano puede convertirse en una oportunidad para que los delincuentes suplanten la identidad de una empresa y obtengan información sensible.

Para reducir el riesgo de caer en este tipo de maniobras, es importante verificar que los canales de atención sean oficiales y evitar compartir claves de home banking, contraseñas o códigos de autenticación con personas que contacten al usuario por redes sociales o mensajería.

También conviene desconfiar de instrucciones que exijan operar de inmediato con tokens de seguridad o facilitar credenciales para activar supuestos servicios. Ante movimientos bancarios desconocidos, es fundamental comunicarse cuanto antes con la entidad por sus canales oficiales y solicitar el bloqueo preventivo de los accesos y las operaciones.

En el caso de La Plata, la rapidez con la que la víctima advirtió los movimientos y se comunicó con el banco fue uno de los elementos valorados durante el proceso judicial. La resolución, sin embargo, puso el foco en la obligación de la entidad de contar con controles adecuados para detectar y prevenir transacciones sospechosas.