12/06/2025
Para recuperar la soberanía efectiva sobre nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, es fundamental invertir en Defensa con el objetivo de "aumentar el costo" para el Reino Unido.
Cada 10 de junio, los argentinos recordamos un hito que reafirma nuestra soberanía: la creación en 1829 de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y adyacentes al Cabo de Hornos. Este hecho marcó la voluntad temprana de ejercer autoridad efectiva sobre el territorio insular del Atlántico Sur. Sin embargo, casi dos siglos después, esa soberanía continúa siendo vulnerada por la ocupación colonial y militar del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que abarca no solo las Islas Malvinas, sino también las Georgias del Sur y Sandwich del Sur: una porción equivalente al 25% del territorio nacional.
La ocupación británica es, ante todo, un hecho de
fuerza sostenido militarmente, que no se ve alterado por los cambios de
contexto económico ni por las buenas intenciones diplomáticas. Por eso, el
núcleo de este análisis se centra en la necesidad de construir una política de
defensa revisionista: una estrategia que asuma la defensa nacional no como una
estructura meramente reactiva, sino como un instrumento activo de presión sobre
la potencia colonial, con el objetivo de revisar el statu quo en el Atlántico
Sur.
Esta propuesta parte de una premisa clara: sin una
política de defensa que incremente los costos británicos de mantener su
posición, difícilmente se logre crear las condiciones necesarias para forzar
una negociación conforme al derecho internacional. La defensa nacional, en
tanto única herramienta gubernamental capaz de generar presión real en el
ocupante, debe dejar de estar ausente del debate estratégico argentino sobre la
cuestión Malvinas.
Durante décadas, el abordaje del conflicto ha sido
condicionado por miradas economicistas que postergan el tema a un futuro
impreciso, supeditando la recuperación de la soberanía a hipotéticos escenarios
de crecimiento, cooperación y desarrollo. Bajo esta lógica, se ha sugerido que
solo cuando la Argentina alcance niveles de desarrollo comparables con los de
potencias centrales y consolide una alianza estratégica con el Reino Unido,
este accedería voluntariamente a devolver el territorio ocupado. Sin embargo,
la historia demuestra que ni los ciclos de bonanza económica ni las mejoras en
la calidad de vida de los habitantes del continente provocaron avances
significativos en la posición británica. Tampoco resultó eficaz la estrategia
de seducir a los habitantes implantados en las islas con vínculos económicos o
logísticos.
El núcleo del problema reside en que la ocupación es
militar. Es esa presencia, respaldada por una política de "aislamiento
artificial" concepto desarrollado por la Dra. Mariana Altieri la que permite
al Reino Unido sostener el enclave sin dependencia alguna de vínculos con el
territorio argentino. Las islas han sido convertidas en un bastión geopolítico
británico, autosuficiente en términos estratégicos, desde el cual proyectan
poder en el Atlántico Sur, bloqueando cualquier posibilidad de integración
territorial con la Argentina.
Frente a este escenario, el desafío no puede ser
postergado con argumentos que, en apariencia racionales, diluyen la urgencia de
una solución. La pregunta es directa: ¿cómo forzar al Reino Unido a sentarse a
negociar, cuando su estrategia consiste precisamente en evitar todo tipo de
negociación? La respuesta requiere revisar profundamente el diseño de nuestra
política de defensa y colocarla en el centro de una estrategia nacional
integral.
Esto no implica, bajo ninguna circunstancia,
impulsar una recuperación militar de las islas. El objetivo de la defensa
revisionista es aumentar los costos de sostener la ocupación. Se trata de
desarrollar capacidades que eleven el riesgo para la potencia ocupante en
términos logísticos, económicos y militares, y que pongan en tensión su
capacidad de mantener el aislamiento artificial sin afrontar consecuencias
materiales.
El corazón de esta estrategia es, entonces, reestructurar la defensa nacional para orientarla específicamente hacia el Atlántico Sur. Esto supone una transformación profunda: aumentar significativamente el presupuesto de defensa (al menos al 1,5% o 2% del PBI), redirigir recursos humanos y materiales hacia la Patagonia, modernizar las capacidades de proyección naval y aérea, fortalecer la presencia militar en zonas clave como Ushuaia, Río Gallegos y Tolhuin, y continuar con proyectos estratégicos como la Base Naval Integrada de Ushuaia o la reconstrucción de la Base Petrel en la Antártida.
La defensa revisionista no niega la importancia de
las demás áreas del Estado. La diplomacia, la energía, los recursos naturales,
el comercio y la investigación científica deben ser parte del mismo esfuerzo
coordinado. Pero ninguna de estas áreas, por sí sola, tiene la capacidad de
alterar el equilibrio militar que sostiene la usurpación. Es la defensa la que
puede generar un cambio sustantivo en la relación de fuerzas.
Aceptar esta perspectiva implica también reconocer
que la Argentina debe asumir un vínculo de rivalidad estratégica con el Reino
Unido. No se trata de un capricho ideológico, sino de una constatación
empírica: nuestros intereses territoriales y soberanos están siendo lesionados,
y la única forma de restablecer el equilibrio es generar un marco de disuasión
que obligue al ocupante a reconsiderar su negativa a negociar.
Este enfoque, naturalmente, requiere de una
ciudadanía informada y de una dirigencia política que se comprometa con una
visión de largo plazo. Exige inversión sostenida, continuidad institucional y
una comprensión profunda de que la defensa nacional no es un gasto, sino una
inversión estratégica en soberanía.
En definitiva, solo una política de defensa
revisionista, estructurada a partir de una visión realista de las relaciones
internacionales y del valor de la soberanía territorial, permitirá sentar las
bases para recuperar algún día nuestras islas. No basta con esperar a que el
Reino Unido cambie de parecer. Es necesario construir las condiciones
materiales y políticas para que negociar sea su única alternativa razonable.
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