Decisión de la Corte Suprema de EE.UU. impacta a más de 500.000 migrantes

Un reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos habilitó al gobierno de Donald Trump a avanzar con el desmantelamiento del programa de protección humanitaria que permitía a más de medio millón de migrantes residir temporalmente en el país. La medida afecta directamente a personas provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, muchas de las cuales huían de crisis políticas, sociales y económicas. La decisión judicial deja a este grupo expuesto al riesgo inminente de ser deportado.

El máximo tribunal dio lugar a un recurso de urgencia presentado por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y revirtió así fallos previos que habían frenado la suspensión del programa conocido como "parole humanitario". Este beneficio, instaurado por la administración de Joe Biden, otorgaba permiso para vivir y trabajar en territorio estadounidense, siempre que los solicitantes contaran con un patrocinador privado.

Las juezas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor votaron en contra de la resolución y advirtieron sobre las posibles consecuencias sociales de interrumpir de forma abrupta el programa, mientras aún continúan los litigios judiciales. Jackson alertó que la mayoría "ignoró el impacto devastador" que puede tener sobre la vida y el sustento de miles de familias.

Este giro representa un cambio profundo en las políticas migratorias de Estados Unidos. Bajo el mandato de Biden, el parole había sido una herramienta clave para ordenar el ingreso de migrantes, sobre todo ante el aumento de cruces fronterizos irregulares y la falta de consenso en el Congreso. Desde su puesta en marcha, se registró una fuerte caída en la cantidad de detenciones en la frontera sur.

Argentina, si bien no forma parte de los países directamente involucrados, sigue con atención la evolución del caso. La comunidad migrante venezolana en el país -una de las más numerosas- ha expresado su preocupación, ya que muchos tienen familiares con residencia temporal en Estados Unidos. Además, organizaciones de derechos humanos en América Latina temen que la medida siente un precedente regional sobre el trato a migrantes forzados a abandonar sus países por razones humanitarias.

El fallo también podría tener efectos en el escenario político latinoamericano. Países que actúan como puente o destino para migrantes, entre ellos, la Argentina-podrían enfrentar una presión adicional en sus sistemas sociales, especialmente si Estados Unidos limita cada vez más los canales legales de ingreso.

Por lo pronto, el gobierno estadounidense sostiene que su objetivo es restablecer el control sobre sus políticas migratorias y evitar lo que considera "un uso indebido" del sistema. Pero del otro lado, los defensores de derechos de los migrantes advierten que este tipo de decisiones solo agudizan la vulnerabilidad de miles de personas que, en su mayoría, llegaron cumpliendo los requisitos y confiando en las reglas del propio Estado.