13/05/2026
La obra social de los estatales bonaerenses atraviesa un nuevo estallido por la interrupción de servicios médicos y el atraso en pagos a proveedores. Los gremios denuncian un vaciamiento mientras la oposición reclama la emergencia sanitaria en toda la provincia.
La situación del IOMA (Instituto de Obra Médico Asistencial) ha llegado a un punto crítico en la Provincia de Buenos Aires. Este miércoles, una serie de paros de prestadores y la suspensión de coberturas en farmacias y clínicas encendieron las alarmas de más de dos millones de afiliados en Argentina. El conflicto, que combina deudas millonarias con una creciente presión política sobre el gobernador Axel Kicillof, amenaza con colapsar la atención sanitaria de los trabajadores públicos bonaerenses en medio de un contexto de alta inflación y ajuste presupuestario.
El nuevo estallido en el IOMA no es un hecho aislado, sino la consecuencia de un deterioro financiero que se profundizó en los últimos meses. La falta de actualización en los honorarios médicos y los retrasos de hasta 120 días en los pagos a clínicas y sanatorios han llevado a que múltiples distritos del interior provincial declaren el estado de alerta.
La gestión encabezada por Homero Giles enfrenta acusaciones de discrecionalidad en el manejo de fondos y una "politización" de la obra social. Según fuentes del sector salud, la deuda con proveedores de insumos importados es uno de los cuellos de botella más graves, afectando cirugías programadas y tratamientos de alta complejidad que hoy se encuentran paralizados.

La interrupción de la cadena de pagos provocó que federaciones médicas y cámaras de farmacias limitaran la atención, exigiendo el copago de prestaciones que deberían ser gratuitas. Esta situación genera una fuerte polémica ya que los aportes de los empleados estatales se realizan de manera automática, pero el servicio no se refleja en la atención diaria. La sospecha de un desvío de fondos hacia otras áreas de la administración de Buenos Aires alimenta el descontento de los afiliados.

En el epicentro de la crisis se encuentran las autoridades de la obra social, los gremios estatales (como ATE y UPCN) y la oposición política en la Legislatura bonaerense. Mientras los sindicatos exigen una mesa de diálogo urgente para evitar el corte total de servicios, los legisladores de Juntos y los bloques libertarios impulsan proyectos de ley para permitir la libre elección de obra social, buscando que los municipales puedan "salirse" del IOMA.
Para el gobierno de Axel Kicillof, el conflicto en IOMA representa un frente de batalla sensible que afecta directamente a su base electoral: los empleados públicos. La presión política no solo viene de la oposición, sino de intendentes oficialistas que ven cómo la demanda de salud se traslada a los hospitales municipales, ya saturados por la crisis económica y el aumento en el costo de los medicamentos en toda Argentina.
Este estallido en el IOMA podría marcar un punto de quiebre en la gobernabilidad sanitaria de la provincia. Si la gestión provincial no logra estabilizar los pagos y recuperar la confianza de los prestadores privados, el sistema público de salud enfrentará una presión sin precedentes. La resolución de este conflicto será un termómetro clave para medir la capacidad de respuesta de Kicillof ante el recorte de fondos nacionales y la caída de la recaudación provincial.
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