13/05/2026
El fiscal federal Guillermo Marijuán impulsó la investigación contra Francisco Adorni tras una denuncia de Marcela Pagano. Se analizan inconsistencias patrimoniales, la cancelación de un crédito hipotecario y la compra de vehículos de alta gama.
La Justicia federal de Argentina imputó este miércoles a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La investigación se centra en la evolución de los bienes de Francisco Adorni, quien se desempeña como funcionario en el Ministerio de Defensa y recientemente fue nombrado al frente del Instituto de Ayuda Financiera (IAF).
Uno de los puntos más críticos del expediente es la cancelación anticipada de un crédito hipotecario por casi $60 millones en el Banco Provincia y la adquisición de una camioneta Jeep Renegade. Para el fiscal Marijuán, estas operaciones requieren una justificación contable exhaustiva, por lo que ya solicitó informes a más de 30 organismos, incluidos ARCA (ex AFIP), ARBA y la Dirección Nacional de Migraciones.
Las medidas de prueba y el rol de Guillermo Marijuán
El fiscal Marijuán ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni para reconstruir sus movimientos financieros desde el año 2020. Además, se requirió información sobre posibles "sinceramientos fiscales" (blanqueos) a los que el imputado pudiera haber adherido. El objetivo es determinar si los fondos utilizados para cancelar sus deudas y adquirir bienes de lujo provienen de fuentes lícitas y debidamente declaradas.
Este avance judicial genera una fuerte tensión interna en el Gobierno nacional, dado que Manuel Adorni es el principal comunicador de la gestión de Javier Milei. Aunque el fiscal aclaró que la investigación se limita exclusivamente a Francisco, la cercanía familiar y los antecedentes de Manuel Adorni -quien también enfrenta investigaciones por el alquiler de propiedades en dólares- colocan al oficialismo en una posición defensiva frente a su discurso de transparencia y lucha contra la "casta".
La denuncia de la diputada Marcela Pagano no es un hecho aislado. La legisladora, que ha tenido chispazos públicos con el sector más duro del Ejecutivo, presentó pruebas documentales basadas en las propias Declaraciones Juradas del funcionario ante la Oficina Anticorrupción. Pagano deberá ratificar su denuncia en sede judicial en los próximos días, aportando nuevos datos sobre el presunto vaciamiento del IAF.
Esta imputación podría marcar un punto de quiebre en la narrativa ética del oficialismo. Mientras el Ejecutivo promueve una política de déficit cero y austeridad, el crecimiento patrimonial de un familiar directo con cargo jerárquico debilita el capital simbólico de la gestión. Si la Justicia logra probar las inconsistencias, el Gobierno enfrentará su primer gran escándalo de corrupción estructural, afectando la credibilidad de uno de sus ministros más influyentes.
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