15/11/2025
Cuatro de cada diez personas activas dependen del trabajo autogestionado y reciben sueldos muy inferiores a los necesarios para cubrir necesidades básicas. 3,4 millones de trabajadores informales ganan menos de tres salarios mínimos.
3,4 millones de trabajadores informales ganan menos de tres salarios mínimos.
La economía popular representa el 27,1% de la población económicamente activa.
Jóvenes y mujeres concentran la mayor parte de la precariedad y sobreocupación.
Desde 2023, el trabajo por cuenta propia creció mientras el empleo registrado cayó 200.000 puestos.
Regiones como Gran Buenos Aires y Patagonia muestran aumentos significativos de ingresos bajos y sobreocupación.
Según un estudio del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA-CONICET-UMET), cuatro de cada diez personas activas en Argentina desarrollan actividades en la economía informal o autogestionada. Nueve de cada diez de ellas perciben ingresos por debajo de tres salarios mínimos. La economía popular comprende oficios, pequeñas producciones y redes de comercialización realizadas por personas excluidas del mercado formal. Entre estas actividades se incluyen venta ambulante, producción de alimentos y trabajo doméstico, vinculadas frecuentemente a la economía social y solidaria.
En términos absolutos, 3,4 millones de trabajadores sobreviven en condiciones de precariedad creciente, con un aumento del 55,3% de ingresos bajos en el último año. El crecimiento del cuentapropismo de bajo capital, del trabajo familiar no remunerado y del empleo doméstico sin derechos refleja una estrategia de supervivencia frente a un mercado laboral reducido.

El gobierno nacional impulsa reformas laborales que prometen "modernización", mientras los cambios implementados legalizan formas precarias de contratación, afectan el sistema previsional y reducen el poder adquisitivo. Desde noviembre de 2023 se perdieron alrededor de 200.000 empleos asalariados registrados, mientras el trabajo por cuenta propia creció, especialmente en sectores informales.
La economía popular incluye cartoneros, cooperativistas, feriantes, cocineras comunitarias, trabajadoras domésticas y productores familiares, sumando 3,9 millones de personas, con un incremento interanual del 6,9%. Este sector crece más rápido que el empleo formal y cumple un rol de contención social ante la escasa generación de trabajo protegido.

Entre los jóvenes de 16 a 29 años, el crecimiento fue del 10,9%, representando una cuarta parte de la economía popular. En mujeres, el peso asciende al 30,9% de la población activa femenina, mientras que en varones es del 24,2%. La mayoría combina cuentapropismo, desempleo y tareas de cuidado no remuneradas.
El 89,4% de trabajadores percibe menos de tres salarios mínimos -unos 960.000 pesos mensuales-, equivalentes a 3,5 millones de personas, con la población joven alcanzando el 94,7%. El salario mínimo vigente, 322.200 pesos, es un 43,4% inferior al de 2019 y cubre menos de una cuarta parte de la canasta básica familiar.

Más de la mitad de los cuentapropistas enfrenta jornadas irregulares o sobrecargadas, con un aumento de 3,2% en la sobreocupación. Entre los jóvenes, subocupación creció 27% y desocupación temporal 88%, mientras adultos multiplican empleos para compensar ingresos decrecientes. Las mujeres sufren mayor inestabilidad laboral y menor protección social. Según el informe, "La precariedad laboral, que afecta a más de la mitad de la población ocupada, tiene en la economía popular su expresión más clara".
El estudio muestra expansión generalizada de informalidad, con diferencias por región. En el Gran Buenos Aires, crecimiento del 10,8% y un tercio de la PEA gana menos de tres salarios mínimos. Región Pampeana, 26,8% de la población activa integra la economía popular. En NOA, informalidad sube 6,6% con predominio de trabajo familiar no remunerado. Cuyo registra aumento de 4,2%, con más del 54% de cuentapropistas sobreocupados. NEA, actividad cae levemente, pero sobreocupación crece 37,2%. Patagonia avanza 16,2% con incremento del 32,1% en ingresos bajos. En todos los casos, jornadas más largas, ingresos menores y derechos cada vez más lejanos.
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