Tras cumplir 100 días de Gobierno, Arévalo vuelve a insistir con la destitución de la Fiscal General de Guatemala

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, volvió a insistir con la destitución de la fiscal general del país, Consuelo Porras, tras cumplir sus primeros 100 días de gestión al frente del Ejecutivo. 'No descansaremos hasta lograr por la vía legal la destitución de esta amenaza a la democracia', aseveró el mandatario.

De esta manera, el jefe de Estado guatemalteco volvió a avivar el enfrentamiento con la titular del Ministerio Público guatemalteco, a quien durante febrero pasado denunció ante la Corte Suprema por presunto 'incumplimento a los deberes de funcionario público', a raíz de las acciones llevadas a cabo por el organismo para impedir la toma del poder por parte de Arévalo.

'Algunos actores como el Ministerio Público (Fiscalía) usan su posición para intimidar desde su trinchera al proyecto que el pueblo de Guatemala eligió para su futuro', remarcó el mandatario durante un acto en donde conmemoró sus primeros 100 días al frente del Ejecutivo guatemalteco.

Cabe mencionar que Arévalo no cuenta con las facultades necesarias para destituir a Porras y que la misma, con mandato hasta 2026, sólo puede ser removida de su cargo si es encontrada culpable de algunas de las acusaciones que se le imputan.

Por su parte, Consuelo Porras, quien se niega a dejar su cargo tras las acusaciones de Arévalo, ha sido señalada por los Estados Unidos y la Unión Europea en un listado de funcionarios 'corruptos' de Centroamérica, en donde además se encuentran, entre otros, el expresidente de El Salvador, Mauricio Funes.

No obstante, desde la Fiscalía General le respondieron a Arévalo a través de un comunicado, en donde expresaron su rechazo de forma 'categórica' a las declaraciones manifestadas por el presidente tras sus primeros 100 días de gobierno. 'Este señalamiento se suma a una serie de ataques sistemáticos e intimidatorios, de los cuáles el personal del Ministerio Público ha sido objeto mediante un patrón coactivo de coacción y violación de sus derechos humanos, ante los cuales con anterioridad la institución responsabilizó a las autoridades de cualquier situación que atente contra la integridad, la vida y la seguridad de los funcionarios y empleados del Ministerio Público', reza el comunicado.