San Martín: una caída de un árbol le destrozó el auto y la Justicia ordenó al municipio indemnizar al dueño por daño moral

La Justicia de bonaerense ratificó este lunes un fallo decisivo que condena al municipio de San Martín a indemnizar al dueño de un vehículo destruido por la caída de un árbol en la vía pública, incluyendo por primera vez un monto específico por daño moral en la reparación económica. La resolución judicial marca un antecedente fundamental para los automovilistas y propietarios al fijar la responsabilidad directa del Estado en el mantenimiento preventivo del arbolado urbano y la atención de denuncias por ramas o especies arbóreas en riesgo de colapso.

Por qué la Justicia ordenó pagar una indemnización por daño moral tras la caída del árbol

El fuero Contencioso Administrativo y Tributario desestimó las apelaciones presentadas por los apoderados del Estado y confirmó la responsabilidad del municipio en el incidente que provocó la destrucción total del rodado estacionado sobre la vía pública. Los jueces determinaron que la caída del ejemplar no respondió a un evento meteorológico de fuerza mayor imprevisible, sino a una clara omisión en los deberes de fiscalización y poda preventiva a cargo de las comunas.

Lo verdaderamente novedoso del fallo radica en la incorporación del rubro por daño moral dentro de la suma indemnizatoria total. Los magistrados ponderaron las zozobras, las pérdidas de tiempo, las complicaciones laborales y el estrés derivado de los extensos trámites burocráticos que debió atravesar el damnificado para intentar cobrar la reparación de su medio de transporte indispensable.

Antecedentes de reclamos por arbolado urbano y las consecuencias para los municipios

La problemática del arbolado en mal estado o con peligro de derrumbe genera constantes controversias en los centros urbanos del país durante las épocas de tormenta. Los expedientes acumulados en los tribunales bonaerenses y porteños muestran una tendencia creciente hacia el reconocimiento de resarcimientos integrales cuando se demuestra que existían alertas de vecinos no atendidas por las áreas operativas competentes.

El fallo de este lunes establece un precedente clave que obligará a las administraciones locales y provinciales a agilizar sus sistemas de inspección técnica y atención de denuncias ciudadanas. A partir de esta resolución, la omisión del deber de conservación del espacio público no solo exigirá reponer el patrimonio dañado, sino también compensar el perjuicio emocional y personal ocasionado a los vecinos afectados.