Punta Mogotes en disputa: la Justicia cita a Provincia y a Mar del Plata antes de resolver la cautelar por la municipalización

El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 de La Plata, a cargo de la jueza María Fernanda Bisio, citó formalmente a los representantes de la Provincia de Buenos Aires y de la Municipalidad de General Pueyrredón a una audiencia presencial para el próximo miércoles. La medida judicial busca escuchar a ambas partes antes de dictar una resolución sobre la medida cautelar presentada por el Ejecutivo provincial, la cual frena el intento de la intendencia de Mar del Plata de pagar una deuda histórica y absorber la administración total del complejo balneario de Punta Mogotes. La decisión del tribunal paraliza temporalmente la municipalización del predio y abre una nueva instancia de negociación en un conflicto que impacta directamente en la política y el turismo de Argentina.

Qué es Punta Mogotes y por qué el complejo desató una polémica judicial

El conflicto por Punta Mogotes en Mar del Plata no es nuevo, pero escaló a niveles críticos tras la decisión del intendente Guillermo Montenegro de avanzar con la municipalización del predio de forma unilateral. El complejo, uno de los balnearios más extensos e importantes de la Costa Atlántica argentina, está administrado desde 1984 por un ente mixto compuesto en un 70% por la provincia de Buenos Aires y en un 30% por el municipio.

La controversia actual se encendió cuando el municipio intentó depositar cerca de 14 millones de pesos para cancelar la deuda histórica de la construcción del complejo, argumentando que el pago extinguía el convenio de los años 80 y habilitaba el traspaso automático de las tierras a la órbita local. Desde el gobierno provincial, liderado por Axel Kicillof, rechazaron la validez de ese depósito de forma inmediata, calificando la jugada como "inviable" y recurriendo a los tribunales platenses para frenar la transferencia de los activos.

Quiénes están involucrados en la disputa por el control de los balnearios

La pulseada legal expone una clara confrontación política entre dos modelos de gestión. Por un lado, la gestión provincial del Frente de Todos / Unión por la Patria busca retener el control mayoritario del consorcio de Punta Mogotes, defendiendo el patrimonio y las inversiones que la Provincia realiza en la estructura costera. Por el otro, el intendente de General Pueyrredón, alineado con el PRO (Juntos por el Cambio), sostiene que la administración local de los balnearios optimizará el desarrollo turístico de Mar del Plata y generará mayores beneficios para los vecinos de la ciudad.

La convocatoria de la jueza Bisio obliga a los equipos jurídicos del Fiscal de Estado bonaerense y de la comuna marplatense a sentarse cara a cara. La Justicia busca determinar si el municipio cuenta con la facultad legal de disolver el ente de forma unilateral mediante el depósito judicial de los fondos, o si cualquier modificación del estatus de Punta Mogotes requiere de una ley de la Legislatura bonaerense.

El impacto político y económico de la medida en la Provincia de Buenos Aires

Esta decisión judicial podría marcar un punto de quiebre en la relación institucional entre el Gobierno provincial y los municipios opositores de la Costa Atlántica. Si la Justicia finalmente da luz verde a la cautelar de Provincia, el statu quo se mantendrá por largo tiempo, debilitando los planes locales de renovación urbana. En cambio, un fallo favorable a Mar del Plata sentaría un precedente de autonomía municipal que podría incentivar reclamos similares en otros puntos de la provincia de Buenos Aires.

Más allá de la rosca política, el impacto económico es inmediato: la incertidumbre legal frena los proyectos de inversión a largo plazo y la renovación de concesiones de carpas y paradores, en un área clave que recibe a millones de turistas argentinos cada temporada y define gran parte del empleo estacional de la región.