Privatización de AySA: ¿cuáles son los grupos empresariales que compiten por la compañía de agua?

El Ministerio de Economía de la Nación oficializó este martes la apertura de las ofertas técnicas en el proceso de licitación pública internacional para privatizar la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) en Argentina. El procedimiento se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y define el futuro del suministro de agua potable y cloacas para más de 14 millones de usuarios del Área Metropolitana. La decisión marca un hito clave en la política del Gobierno nacional para transferir el paquete accionario del Estado al sector privado.

Qué pasó con la privatización de AySA y cuáles son las empresas en pugna

En la primera etapa del proceso de licitación se presentaron únicamente dos consorcios privados de capitales nacionales, tras la evaluación de requisitos técnicos y administrativos solicitados en el pliego oficial. Por un lado, compite la alianza conformada por las empresas Rowing S.A., Arcos, Transclor y PHX; por el otro, se presentó la firma Roggio en sociedad con ROAS S.A.U. Las propuestas deberán ser evaluadas por la comisión de adjudicación antes de pasar a la apertura de las ofertas económicas, donde el Estado nacional prevé obtener ingresos cercanos a los 450 millones de dólares por la venta del 51% inicial de las acciones.

El operador que resulte ganador asumirá la concesión de AySA por un período de 30 años, con una cláusula de extensión de hasta 10 años adicionales. Además, el pliego licitatorio exige un plan de inversiones obligatorias superior a los 2.000 millones de dólares durante los primeros cinco años de gestión privada, enfocado en modernizar la infraestructura hídrica, reducir pérdidas en la red y ampliar la cobertura de saneamiento.

El impacto político y social del traspaso de AySA en la Provincia de Buenos Aires

La privatización de la distribuidora hídrica desató intensos debates entre el Poder Ejecutivo nacional y la oposición parlamentaria de la provincia de Buenos Aires. Sectores de la oposición legislativa y la Defensoría del Pueblo bonaerense cuestionaron el traspaso argumentando la paralización previa de más de 260 obras públicas en la región, sumado a las fuertes subas tarifarias registradas en los servicios públicos. Asimismo, advierten sobre posibles riesgos sanitarios y de desinversión en los sectores más vulnerables del Gran Buenos Aires.

Por su parte, desde la cartera económica nacional sostienen que la privatización pondrá fin al déficit operativo de la compañía estatal y permitirá alcanzar estándares internacionales de eficiencia operativa. La definición de la licitación y la posterior salida de títulos a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires marcarán el desenlace de la mayor privatización encarada durante la presente gestión en el sector de servicios esenciales.