11/08/2026
A través de una nueva normativa emitida por el Poder Ejecutivo Nacional, la administración del presidente Javier Milei modificó las pautas de arancelamiento del sistema de salud estatal. Las provincias y municipios podrán fijar las tarifas correspondientes para la asistencia de personas de otros países sin radicación permanente.
El esquema de atención en la red sanitaria estatal de la Argentina atraviesa un cambio estructural histórico tras la publicación de la medida del Gobierno nacional. A partir de esta disposición, los servicios de salud que dependen de las distintas jurisdicciones provinciales y del ámbito federal quedarán facultados para exigir contraprestaciones económicas por las prestaciones brindadas a pacientes extranjeros transitorios. La polémica y el debate político escalaron tras confirmarse que el acceso a la salud pública deja de ser universal para extranjeros no residentes bajo la nueva disposición del Gobierno de Javier Milei.
El decreto firmado por el Presidente busca modificar los principios de gratuidad universal establecidos en la ley de salud, promoviendo el principio de reciprocidad internacional en materia sanitaria y la optimización de los recursos económicos en los nosocomios públicos del país.
Entre los puntos principales del nuevo régimen se establecen:
Inclusión de aranceles: Los centros médicos públicos cobrarán las consultas, estudios de diagnóstico, intervenciones quirúrgicas e internaciones a extranjeros encuadrados en categorías migratorias transitorias, temporarias o de turismo.
Excepción en urgencias: Las emergencias médicas que pongan en riesgo inminente la vida del paciente continuarán siendo atendidas sin condicionamiento económico previo, aunque posteriormente se podrá exigir el cobro o reembolso a las entidades aseguradoras.
Autonomía provincial: Las provincias, titulares de la administración directa de la mayoría de los centros asistenciales de sus territorios, conservarán la potestad de adherir formalmente a la norma y establecer los nomencladores arancelarios aplicables.
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La iniciativa toma como referencia la experiencia implementada previamente por provincias como Salta y Jujuy, donde las autoridades sanitarias locales reportaron una disminución en las consultas de ciudadanos limítrofes no residentes y un superávit presupuestario destinado al equipamiento e insumos locales.
Mientras que desde el oficialismo y sectores aliados defienden la medida argumentando la necesidad de resguardar el presupuesto público para los contribuyentes nacionales y residentes permanentes, agrupaciones de derechos humanos, fueros legislativos de la oposición y delegaciones sanitarias manifestaron su preocupación por el impacto social y el cumplimiento de convenios internacionales de protección a la salud.
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