Mar del Plata: allanaron a dos jóvenes de 20 y 21 años por una investigación sobre abuso sexual infantil

Dos jóvenes de 20 y 21 años fueron imputados en dos investigaciones judiciales por presunta tenencia y circulación de material de abuso sexual infantil, luego de una serie de allanamientos realizados este viernes en Mar del Plata. Los operativos estuvieron a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA) y se concretaron en viviendas de los barrios El Progreso y Alfar.

Las causas son independientes y buscan determinar si los sospechosos estuvieron involucrados en delitos relacionados con la producción y comercialización de representaciones de menores de edad en actividades sexuales. Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes.

El primer allanamiento por material de abuso sexual infantil en el barrio El Progreso

Uno de los procedimientos se realizó en una vivienda ubicada sobre la calle Valentini, en el barrio El Progreso. Allí, efectivos de la División Unidad Operativa Federal Mar del Plata revisaron un teléfono celular y detectaron que una cuenta de WhatsApp almacenaba varios archivos de video con contenido de abuso sexual infantil.

A partir de ese hallazgo, el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial de Mar del Plata, a cargo de la jueza Lucrecia Bustos, ordenó el secuestro del dispositivo y dispuso notificar al joven de 21 años sobre la formación de una causa judicial.

La investigación se había iniciado a partir de un requerimiento de la Unidad Fiscal de Intervención Temprana de Violencia en la Familia y de Género, encabezada por la fiscal Graciela Trill. El expediente fue caratulado como "Producción, comercialización de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales".

El segundo operativo de la Policía Federal en el barrio Alfar

En una investigación diferente, los agentes de la misma división allanaron una vivienda del barrio Alfar, en el sur de Mar del Plata, donde residía un joven de 20 años.

En ese domicilio, los efectivos secuestraron una computadora y dos teléfonos celulares. Los dispositivos quedaron a disposición de la Justicia para que se realicen los análisis correspondientes y se determine si contienen elementos vinculados con los hechos investigados.

De acuerdo con fuentes policiales, el sospechoso fue identificado después de tareas de campo y análisis de datos. Con esa información, la jueza Rosa Frende, titular del Juzgado de Garantías N° 3, autorizó el procedimiento.

La fiscalía de Graciela Trill también interviene en esta causa, que busca establecer si en el domicilio se desarrollaron maniobras relacionadas con la producción o comercialización de material de abuso sexual infantil.

Qué investiga la Justicia y cuál es la situación de los dos jóvenes

Los dos expedientes avanzan por separado y, por el momento, los allanamientos permitieron secuestrar dispositivos que deberán ser examinados por los especialistas. Los resultados de esas pericias serán relevantes para determinar el alcance de las conductas investigadas y si existen otras personas involucradas.

La imputación y la notificación de la formación de causa no equivalen a una condena. La responsabilidad penal de cada sospechoso deberá establecerse durante el proceso judicial, con respeto de las garantías correspondientes.

El debate sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores

Los procedimientos se conocieron en medio de un debate legislativo sobre los plazos de prescripción de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

Durante esa semana, la senadora Patricia Bullrich presentó en el Senado un proyecto para declarar imprescriptible la acción penal en esos casos. La iniciativa también contempla delitos vinculados con material de abuso sexual cuando las víctimas son menores.

La propuesta plantea modificar el Código Penal para que no prescriban los delitos contra la integridad sexual cometidos contra niños, niñas y adolescentes, además de los casos de trata con fines de explotación sexual. También propone suspender los plazos cuando un acusado se encuentre prófugo, haya sido declarado rebelde o exista un pedido de extradición.