Ley de Financiamiento Universitario: revés para el Gobierno

La disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo judicial. La Corte Suprema de Justicia rechazó los planteos impulsados por el Estado Nacional para apartar a jueces que intervienen en la causa vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, una norma clave para el sistema de educación superior argentino.

La decisión representa un revés procesal para la Casa Rosada y permite que el expediente continúe avanzando con los mismos magistrados que vienen interviniendo en el caso. Sin embargo, el fallo no resuelve todavía la cuestión de fondo: la aplicación de la ley y el financiamiento destinado a las universidades nacionales.

La Corte rechazó las recusaciones del Gobierno

La resolución fue firmada por los jueces de la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El Estado Nacional había solicitado apartar a distintos magistrados que participan del expediente, argumentando que algunos de ellos desarrollan actividades docentes en universidades públicas y que esa situación podría afectar su imparcialidad.

Sin embargo, la Corte consideró que ese planteo no tiene sustento suficiente y recordó que las recusaciones deben analizarse con criterios restrictivos.

Según sostuvo el máximo tribunal, desempeñarse como docente en una universidad pública no demuestra automáticamente la existencia de un interés personal, directo o relevante que condicione una decisión judicial.

Qué se discute en la causa universitaria

El expediente tiene su origen en un amparo colectivo presentado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades nacionales.

La controversia gira en torno a la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y al decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno buscó condicionar parte de la ejecución de esa norma a la existencia de recursos presupuestarios específicos.

Las universidades sostienen que el Estado debe cumplir con la ley aprobada por el Congreso, mientras que el Ejecutivo plantea que su implementación requiere previsión financiera y disponibilidad de partidas.

Dentro de los reclamos aparecen cuestiones centrales para el funcionamiento del sistema universitario, como la recomposición salarial docente, el financiamiento de hospitales universitarios, las becas estudiantiles y los gastos de funcionamiento de las casas de estudio.

El antecedente del juez cuestionado

Uno de los principales cuestionamientos del Estado había recaído sobre el juez federal Enrique Cormick, cuya participación fue objetada por desempeñarse como docente en universidades nacionales.

Sin embargo, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ya había rechazado ese planteo al considerar que no existía ninguna causal concreta que demostrara una afectación de su imparcialidad.

La Corte ahora ratificó ese criterio y extendió la misma lógica al resto de los cuestionamientos formulados por el Gobierno.

Qué puede pasar ahora con la Ley de Financiamiento Universitario

La resolución conocida en las últimas horas despeja una discusión procesal, pero deja abierta la cuestión más importante: la definición sobre la validez del decreto 759/2025 y la obligación del Estado de cumplir con la ley universitaria.

La Corte deberá pronunciarse más adelante sobre el fondo del expediente, una decisión que podría impactar directamente en el presupuesto destinado a las universidades nacionales durante los próximos años.

Mientras tanto, continúan las negociaciones entre el Gobierno y los rectores universitarios para intentar alcanzar una solución política que permita descomprimir un conflicto que lleva meses de tensión, protestas y reclamos por mayores recursos para la educación superior.