La trama secreta de las fotomultas en PBA: la denuncia por lavado que complica a Camani y Marinucci

Una grave denuncia por corrupción sacude los despachos oficiales y el negocio de la seguridad vial. El fiscal federal Guillermo Marijuan reveló la existencia de una presunta organización dedicada al lavado de dinero y el pago de sobornos estructurada en torno a la recaudación de fotomultas en diversos municipios del país, con especial énfasis en la provincia de Buenos Aires.

La investigación, que comenzó en enero bajo la carátula de Investigación Preliminar N° 141, apunta a un entramado donde la política, el empresariado y las universidades públicas habrían confluido para eludir los controles del Estado.

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La justicia investiga un esquema que evitaba licitaciones mediante convenios con casas de altos estudios para desviar fondos millonarios.

Según el dictamen fiscal, la maniobra se basaba en evitar las licitaciones públicas obligatorias. Para ello, se utilizaba una modalidad que permitía la contratación directa:

• Intermediación Universitaria: La Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y su fundación FUNINTEC suscribían convenios de "asistencia técnica" con los municipios.

• Subcontratación Directa: Una vez sellado el acuerdo, la universidad delegaba la operatividad del sistema de multas en empresas vinculadas al empresario Leandro Camani, específicamente Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A.

• Reparto de fondos: De cada multa cobrada, el 70% de la recaudación quedaba para la estructura universidad-empresa, mientras que solo el 30% ingresaba a las arcas municipales.

Montos millonarios y facturación apócrifa

El fiscal Marijuan ejemplificó la magnitud del desvío mencionando el caso de La Matanza, municipio que transfirió más de 3.758 millones de pesos a la fundación FUNINTEC en tan solo nueve meses del año 2024.

La denuncia sostiene que el objetivo final de este flujo de dinero era:

1. Generar una masa de fondos mediante facturación apócrifa (empresas fantasma y monotributistas).

2. Canalizar ese dinero negro para el pago de coimas a funcionarios encargados de habilitar y mantener los convenios.

El escrito identifica a Leandro Camani como el organizador de la maniobra y menciona al ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, como uno de los focos de la investigación.