06/05/2026
.La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo. El juez federal Ariel Lijo ordenó analizar las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, en el marco de una causa que investiga posibles dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública.
La causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas al patrimonio de Manuel Adorni registró este miércoles un nuevo avance judicial.
El juez federal Ariel Lijo dispuso revisar las comunicaciones telefónicas y digitales de Marcelo Grandio, periodista y productor señalado como amigo cercano del funcionario, en una medida que busca profundizar la investigación sobre posibles vínculos comerciales incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
La decisión fue confirmada por fuentes judiciales y se enmarca en el expediente que también analiza operaciones inmobiliarias y movimientos patrimoniales del jefe de Gabinete.
La medida judicial será ejecutada por la DAJUDECO.
El análisis incluirá:
La Justicia intenta establecer si existieron maniobras compatibles con los delitos de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública.

Marcelo Grandio quedó en el centro de la investigación luego de que trascendiera que acompañó a Adorni durante el último feriado de Carnaval en un vuelo privado hacia Punta del Este.
Además, la productora ImHouse, vinculada al periodista, cerró contratos con la Televisión Pública, organismo que depende administrativamente de la órbita comunicacional de la Jefatura de Gabinete.
Ese doble vínculo -personal y comercial- motivó nuevas medidas de prueba ordenadas por el juzgado.
En paralelo, el fiscal federal Gerardo Pollicita recibió este miércoles la declaración testimonial de Leandro Miano.
El empresario inmobiliario participó de la operación mediante la cual Adorni adquirió un departamento en el barrio porteño de Caballito.
Miano es hijo de Claudia Sbabo, una de las jubiladas que vendieron la propiedad al funcionario y a quien, según consta en la investigación, todavía se le adeudarían 200.000 dólares.
Su testimonio se suma a una serie de declaraciones que buscan reconstruir cómo se concretó la operación.

Uno de los elementos que más impacto generó en el expediente fue la declaración previa de Matías Tabar, contratista encargado de remodelar la casa que Adorni posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
Según sostuvo ante la Justicia, las refacciones costaron aproximadamente 245.000 dólares.
El dato más sensible: aseguró que el pago se realizó en efectivo y sin factura.
La declaración abrió nuevos interrogantes sobre el origen de los fondos y la trazabilidad de las operaciones.
La investigación judicial intenta determinar si existe una inconsistencia entre los ingresos declarados por el funcionario y el volumen de operaciones detectadas.
Entre los puntos bajo análisis figuran:
El expediente apunta a reconstruir el flujo patrimonial completo.

El avance de la causa representa un nuevo frente judicial para el Gobierno nacional.
La decisión de Ariel Lijo de ampliar las medidas de prueba marca que la Justicia busca profundizar en una investigación que ya dejó testimonios sensibles y revelaciones comprometedoras.
En términos políticos, el caso podría transformarse en un factor de desgaste para la administración nacional si las sospechas derivan en imputaciones formales.
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