06/05/2026
Un informe privado revela el crudo impacto de la desregulación en el sector de la salud. La escalada de precios obligó a miles de familias en Argentina a migrar al sistema público o a planes de menor complejidad.
La desregulación del sistema de salud privada ha generado un cimbronazo sin precedentes en el bolsillo de la clase media. Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, las cuotas de las empresas de medicina prepaga acumularon un incremento del 417%. Esta cifra, que supera ampliamente el índice de inflación general del periodo, derivó en una consecuencia directa: 742.000 personas se dieron de baja de sus planes por la imposibilidad de afrontar los pagos, según datos que manejan consultoras del sector en Argentina.
El punto de inflexión fue la firma del DNU 70/23, que eliminó la potestad del Estado para autorizar los aumentos en las cuotas de las prepagas. A partir de allí, las empresas aplicaron subas mensuales de dos dígitos, argumentando un retraso tarifario histórico y el aumento de los costos en insumos dolarizados.
Diciembre a Mayo: Los aumentos fueron constantes, llegando a picos del 40% en un solo mes.
La reacción judicial: Tras la denuncia del Gobierno por presunta "cartelización", la Justicia ordenó retrotraer cuotas en mayo, aunque el impacto acumulado sigue siendo inalcanzable para gran parte de los usuarios en Argentina.
Éxodo masivo: Casi tres cuartos de millón de argentinos quedaron fuera del sistema privado en menos de seis meses de gestión.

El fenómeno de la baja masiva de afiliados tiene un efecto dominó sobre el resto de la red sanitaria nacional:
Migración al Sistema Público: Los hospitales públicos de todo el país reportan un incremento en las consultas de personas que antes se atendían en clínicas privadas.
Baja de complejidad: Muchos usuarios optan por planes "low cost", con copagos altos o cartillas limitadas, sacrificando la cobertura de especialistas o estudios de alta complejidad.
Carga sobre Obras Sociales: Los trabajadores en relación de dependencia intentan derivar sus aportes a obras sociales sindicales, que también se encuentran bajo presión financiera por el aumento de costos médicos en Argentina.
La cifra de los 742.000 excluidos pone en evidencia la fragilidad del esquema de salud actual. Mientras las prepagas aseguran que los aumentos son necesarios para que el sistema no colapse, los usuarios denuncian que las cuotas consumen, en muchos casos, más del 30% o 40% de un ingreso familiar promedio. Esta situación ha generado una ola de recursos de amparo individuales, especialmente por parte de jubilados y personas con enfermedades crónicas que no pueden interrumpir sus tratamientos.
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