06/10/2026
El histórico colegio privado de 9 de Abril enfrenta un conflicto judicial entre sus propietarios que pone en riesgo su continuidad en 2027. Unos 1.400 estudiantes de nivel inicial, primario y secundario y alrededor de 130 trabajadores esperan una solución antes de fin de año.
El posible cierre del Instituto Almafuerte genera preocupación entre cientos de familias de 9 de Abril, en el partido de Esteban Echeverría. Un conflicto judicial relacionado con la sociedad propietaria del establecimiento amenaza con impedir que el colegio continúe funcionando durante el ciclo lectivo 2027.
La situación alcanza a aproximadamente 1.400 alumnos de los niveles inicial, primario y secundario, además de unos 130 trabajadores docentes y no docentes. Mientras se buscan alternativas legales, el establecimiento no puede avanzar actualmente con las matriculaciones para el próximo año.
La incertidumbre llevó a numerosas familias a comenzar anticipadamente la búsqueda de otras escuelas, aunque advierten que encontrar lugares disponibles en la zona resulta cada vez más complicado.
El conflicto que pone en riesgo al Instituto Almafuerte de 9 de Abril tiene origen en una disputa entre los propietarios de la institución. El colegio pertenecía a tres socios y, luego de la muerte de uno de ellos, sus herederos reclamaron judicialmente la parte que les correspondía. El proceso avanzó durante los últimos años y derivó en una situación que impide garantizar, por el momento, la continuidad administrativa necesaria para comenzar normalmente el ciclo lectivo 2027. Mientras las partes intentan encontrar una salida dentro de la Justicia, la comunidad educativa permanece pendiente de una definición antes del cierre del año.
El principal impacto recaería sobre los aproximadamente 1.400 alumnos del Instituto Almafuerte, distribuidos entre jardín, primaria y secundaria. Para muchas familias, el problema no consiste únicamente en cambiar de institución, sino en conseguir una vacante disponible a pocos meses del comienzo de un nuevo ciclo. Padres y madres señalaron que algunas escuelas públicas de la zona ya tienen cupos limitados y que varias alternativas privadas se encuentran a mayor distancia. La situación se vuelve todavía más compleja en hogares con dos o más hijos escolarizados en el establecimiento, ya que necesitan encontrar lugares compatibles en niveles y horarios diferentes.
La incertidumbre afecta además a alrededor de 130 trabajadores, entre docentes, auxiliares, administrativos y personal no docente. Algunos llevan décadas vinculados a la institución y advierten que, en caso de concretarse el cierre, podrían encontrar dificultades para reinsertarse laboralmente. El colegio funciona desde hace más de 60 años y se convirtió en una referencia educativa para distintas generaciones de familias de Esteban Echeverría. Por ese motivo, el conflicto excede la continuidad de las clases: también compromete empleos y una estructura educativa que forma parte de la comunidad de 9 de Abril desde comienzos de la década de 1960.
La comunidad educativa comenzó a movilizarse para reclamar una solución. Familias, alumnos, trabajadores y exestudiantes se concentraron frente al establecimiento y organizaron un abrazo solidario para visibilizar el conflicto. Entre los estudiantes existe especial preocupación por tener que abandonar compañeros, docentes y espacios en los que muchos se formaron desde el nivel inicial. Algunos padres también fueron alumnos del Almafuerte y actualmente envían allí a sus hijos, por lo que el eventual cierre tendría un impacto generacional. El reclamo central apunta a que el conflicto entre los propietarios pueda resolverse sin interrumpir la trayectoria educativa de quienes actualmente asisten al colegio.

El futuro del establecimiento todavía depende de las gestiones judiciales y administrativas que se realicen antes de finalizar 2026. Por ahora, el colegio continúa desarrollando el ciclo lectivo vigente, pero no puede ofrecer certezas sobre la matriculación para el año próximo. Las familias esperan que pueda encontrarse una figura legal o una resolución que permita mantener abierta la institución y evitar la dispersión de sus estudiantes hacia otros establecimientos. Mientras no exista una definición, muchos padres enfrentan el dilema de esperar una posible solución o asegurar desde ahora una vacante alternativa para sus hijos.
La incertidumbre se vuelve más urgente a medida que se acerca el cierre del ciclo lectivo. Cada semana sin una resolución reduce el margen de las familias para reorganizar la escolaridad de los chicos y aumenta la preocupación de los trabajadores por su continuidad laboral.
Para la comunidad del Instituto Almafuerte, el objetivo es que una disputa societaria no termine interrumpiendo una historia educativa de más de seis décadas ni obligando a 1.400 estudiantes a buscar una nueva escuela en 2027.
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