?La Justicia de la provincia de Buenos Aires condenó al Estado provincial a pagar una suma superior a los $150 millones a la familia de un joven que fue asesinado en 2008 por un policía bonaerense durante un intento de robo. La resolución fue dictada este lunes 14 de septiembre por el fuero Contencioso Administrativo de La Plata, marcando un precedente clave respecto de la responsabilidad estatal y la demora judicial en casos de violencia institucional.
?El caso se remonta al año 2008, cuando la víctima fue ultimada en el marco de un episodio delictivo en el que intervino un agente de la fuerza de seguridad bonaerense. A lo largo del proceso criminal previo, se acreditó el accionar irregular del uniformado, lo que dio pie al reclamo en el fuero civil y administrativo impulsado por los allegados del joven fallecido.
?La prolongada tramitación del expediente acumuló casi dos décadas de litigio. La sentencia actual no solo contempla el daño moral y material provocado a los familiares de la víctima, sino que aplica una actualización de montos e intereses que eleva la suma final por encima de los $150.000.000.
?Quiénes están involucrados en la demanda y el impacto económico para la provincia de Buenos Aires
?Los demandantes son los padres y hermanos del joven asesinado, quienes contaron con el patrocinio de letrados especializados en derecho administrativo. Del otro lado, la Fiscalía de Estado bonaerense actuó en representación de la provincia de Buenos Aires, intentando deslindar la responsabilidad Patrimonial del Ejecutivo argumentando que el efectivo no se encontraba prestando funciones operativas al momento del hecho.
?El falló fundamentó que la condición de agente público y el uso del arma reglamentaria generan un nexo causal directo con la responsabilidad del Estado. Este desembolso millonario impactará de forma directa en la tesorería de la administración provincial en un contexto financiero sumamente exigido.
?Antecedentes de fallos por violencia institucional y la responsabilidad del Estado en Argentina
?El fallo se suma a una serie de antecedentes jurisprudenciales en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina donde la Justicia ratifica que la portación del arma reglamentaria las 24 horas extiende la tutela y la responsabilidad civil al Estado. En casos de abusos de la fuerza pública o hechos delictivos cometidos por personal policial, las indemnizaciones buscan reparar las falencias en la formación, el control y la contención psicológica de los efectivos.
?La sentencia judicial reabre el debate político sobre los plazos de la Justicia argentina, donde un proceso de reparación civil puede demorar 18 años, afectando de manera directa el derecho a una tutela judicial efectiva para las víctimas y sus familias.