14/09/2026

Política

Denunciaron a empresas pesqueras que operan en el Mar Argentino con autorizaciones británicas desde Malvinas

La presentación judicial apunta a compañías que tramitaron licencias ilegales dictadas por el gobierno colonial en las islas. El fuero federal de Comodoro Py investigará la presunta violación de la Ley de Pesca y la soberanía nacional en la Zona Económica Exclusiva.

?El Ministerio de Economía y la Cancillería argentina formalizaron este lunes una denuncia penal en los tribunales federales de Comodoro Py contra un grupo de empresas pesqueras que operan en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) utilizando permisos ilegales otorgados por el gobierno de ocupación británico en las Islas Malvinas. La medida busca frenar la explotación no autorizada de recursos marítimos en aguas bajo soberanía nacional y sancionar el incumplimiento de la legislación pesquera vigente.

?La acción judicial se interpuso tras una investigación de las autoridades de control pesquero y las Fuerzas Armadas, que identificaron buques de gran calado faenando en zonas circundantes al archipiélago con documentación comercial extendida desde Puerto Argentino. Para la administración nacional, estas operaciones violan la Ley Federal de Pesca (N° 24.922) y constituyen un menoscabo directo a la integridad territorial.

?El conflicto de las licencias británicas genera un fuerte impacto económico y ambiental: la captura no regulada de calamar, merluza negra y otras especies transzonales compromete la sustentabilidad de los caladeros en el Atlántico Sur y restringe el acceso a buques que operan bajo el marco regulatorio oficial argentino.
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?La presentación ante Comodoro Py alcanza tanto a las sociedades comerciales armadoras como a los capitanes de las embarcaciones detectadas. La nómina remitida a la Justicia penal incluye compañías con sede en el exterior y firmas subsidiarias que intentaban ingresar a puertos regionales para realizar maniobras de recarga y descarga de insumos.

?De acuerdo con el marco normativo actual, las empresas señaladas se exponen a severas sanciones administrativas y penales:

?Inhabilitación para operar: Suspensión definitiva del Registro Nacional de Buques Pesqueros y de los permisos en aguas argentinas.

?Fuerte multa económica: Multas calculadas en unidades de valor equivalentes a litros de combustible gasoil, lo que representa sumas millonarias en dólares.

?Decomiso de la captura: Incautación inmediata del producido de la pesca ilegal y secuestro de las embarcaciones retenidas en puertos nacionales.
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?Esta acción judicial refuerza la estrategia de la diplomacia argentina frente a los intentos británicos de consolidar un régimen económico autónomo en Malvinas mediante la venta de recursos naturales que pertenecen al Estado argentino. La intervención de los tribunales federales sienta un precedente administrativo clave para solicitar alertas internacionales y trabar las operaciones bancarias de las compañías infractoras en mercados globales.

?El otorgamiento ilícito de permisos de pesca por parte del régimen colonial británico en Malvinas comenzó a fines de la década de 1980 y desde entonces constituye un eje de disputa central en el diferendo de soberanía. En los últimos años, Argentina endureció los controles navales y reformó la Ley de Pesca para elevar exponencialmente el costo financiero de las infracciones, logrando neutralizar el accionar de diversas flotas extranjeras en el Atlántico Sur.

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